De acuerdo con los pronósticos de inflación, se anticipa que el salario mínimo y los planes sociales sufrirán una pérdida adicional del 14% durante el año 2023. Esta noticia llega después de que se informara que el índice de pobreza superó el 40% en la primera mitad del año, lo que agrega preocupación a la situación económica de amplios sectores de la población.
En un intento por contrarrestar esta situación, el Ministerio de Trabajo acordó con el Consejo del Salario un aumento que llevará el salario mínimo a $156,000 para diciembre, lo que representa un aumento acumulado del 152% en todo el año.
Sin embargo, a pesar de este incremento, el salario mínimo seguirá perdiendo poder adquisitivo en comparación con la Canasta Básica Alimentaria. Esto se debe a que se espera que la canasta, que mide la línea de indigencia, aumente en un 194% en los últimos cuatro meses del año si sigue el ritmo proyectado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central.
La situación podría agravarse aún más si los precios de los alimentos continúan subiendo por encima de la inflación general. En comparación con la Canasta Básica Total, que mide la línea de pobreza, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo alcanzaría el 11%, y en relación con el IPC, se espera una pérdida del 8%.
Esta misma presión inflacionaria afectará a los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, que están vinculados al 50% del salario mínimo y que, en diciembre, alcanzarán solo $78,000, lo que representa un modesto 39% del valor de una canasta de indigencia para una familia. compuesta por dos adultos y dos menores.
Estos factores, junto con la fuerte devaluación de la moneda ocurrida en agosto, sugieren que los índices de pobreza e indigencia del segundo semestre del año podrían aumentar en comparación con el 40.1% y el 9.2%, respectivamente, que se registraron en la primera mitad. del año. Los resultados definitivos se conocerán en marzo de 2024.
A pesar de las medidas de recomposición del ingreso anunciadas por el gobierno en las últimas semanas, como los bonos para trabajadores registrados y la devolución del IVA, estas medidas son paliativas y temporales, ya que expirarán a fin de año, dejando al salario mínimo en una situación precaria y devaluada.
Este panorama pone de manifiesto la necesidad de abordar la mejora de los salarios como una prioridad para combatir la pobreza, ya sea en el ámbito formal o informal del empleo. Es una cuestión que requerirá atención tanto del próximo gobierno como de los sindicatos para lograr mejoras sostenibles en el bienestar económico de la población.
El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas estructurales que abordan la ley de expropiaciones, el régimen de desalojos, la venta de tierras a extranjeros y el sistema de beneficios sociales. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
Entre los principales ejes, se propone limitar las expropiaciones a casos excepcionales y elevar las indemnizaciones, con el objetivo de fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. Además, se plantea eliminar restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros para fomentar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.
El paquete también incluye una reforma del régimen de desalojos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, endureciendo requisitos y controles para su otorgamiento.
Por otra parte, el Ejecutivo analiza destinar un 10% de los ingresos de privatizaciones a la compra de equipamiento para defensa y avanzar en la concesión del complejo turístico de Chapadmalal por 30 años, con el fin de promover inversiones privadas.
Las medidas forman parte de la agenda impulsada por la administración del presidente Javier Milei, orientada a reconfigurar el rol del Estado, incentivar la inversión y ordenar las cuentas públicas.
La inflación correspondiente al mes de marzo muestra señales de aceleración y podría ubicarse por encima del 3%, de acuerdo a estimaciones privadas. El incremento de precios se ve impulsado principalmente por rubros estacionales y regulados, como educación, indumentaria y tarifas de servicios.
El inicio del ciclo lectivo generó una fuerte presión inflacionaria, con aumentos de hasta el 12% en cuotas escolares y servicios vinculados a la educación. En paralelo, el sector de indumentaria registró subas cercanas al 5%, mientras que los ajustes en tarifas y el impacto del combustible continúan incidiendo en el costo de vida.
En este escenario, el presidente Javier Milei modificó su proyección respecto a la inflación. El mandatario señaló que su objetivo es eliminarla hacia el final de su gestión, alejándose del plazo inicialmente planteado para 2026.
La persistencia de aumentos en distintos sectores vuelve a generar preocupación tanto en consumidores como en analistas, y plantea interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar una desaceleración sostenida en el corto plazo.
El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes y generó fuerte repercusión al asegurar que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país.
A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el funcionario explicó que no podía respaldar la actual política exterior vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Críticas a la estrategia internacional
En su mensaje, Kent sostuvo que la decisión de avanzar en un conflicto con Irán responde a presiones externas y no a una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, afirmó que la situación contradice los principios de política exterior que habían sido promovidos en campañas anteriores.
El ahora exfuncionario también remarcó que, en su visión, las guerras en Medio Oriente implican altos costos humanos y económicos para el país.
Contexto político
Kent había asumido el cargo tras ser confirmado por el Senado en 2025 y mantenía afinidad con la línea política del actual gobierno, aunque en su renuncia dejó en evidencia diferencias en torno a la estrategia internacional.
Su salida se produce en medio de tensiones geopolíticas en la región y abre un nuevo foco de debate dentro de la política estadounidense sobre el rol del país en conflictos internacionales.