Sociedad
Discapacidad en Argentina: entre derechos reconocidos y un sistema que genera incertidumbre
Crecen las denuncias de familias y especialistas ante un proyecto que endurece el acceso a pensiones y modifica el sistema de prestaciones. Advierten sobre un posible retroceso en derechos.
La situación que atraviesan miles de familias de personas con discapacidad en Argentina suma preocupación y tensión frente a los cambios impulsados en el sistema de pensiones y prestaciones. En distintos puntos del país, se repiten testimonios de padres y madres que describen un escenario marcado por demoras, incertidumbre y una creciente dificultad para sostener tratamientos esenciales.
“Crueldad” es el término que se repite en muchos de esos relatos. El desgaste emocional y la sensación de desamparo aparecen como constantes en quienes dependen de políticas públicas para garantizar calidad de vida y continuidad en los cuidados.
En paralelo, la nueva iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, presentada bajo el argumento de combatir irregularidades en las pensiones por invalidez, encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, que ya ingresó en el Senado, propone modificaciones estructurales tanto en el acceso a beneficios como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Uno de los cambios centrales radica en el criterio de acceso a las pensiones. Si bien se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, se deja de lado el enfoque de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se plantea un esquema vinculado exclusivamente a la incapacidad laboral, lo que, según advierten distintos sectores, reduciría significativamente la cantidad de beneficiarios y excluiría a quienes hoy combinan discapacidad con empleo parcial.
Además, la iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier trabajo registrado, a diferencia del régimen vigente que permitía cierta inserción laboral con límites de ingresos. Esta medida podría impactar directamente en los procesos de inclusión y autonomía.
Otro punto sensible es la modificación del sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador nacional que fijaba valores unificados para servicios como terapias, transporte o centros de día. De avanzar, los costos quedarían sujetos a negociaciones entre financiadores y prestadores, generando posibles desigualdades según la cobertura.
También se contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. La falta de actualización de datos podría derivar en la suspensión automática de la prestación, lo que genera preocupación por eventuales exclusiones administrativas.
El rol del Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público que acredita legalmente la condición de discapacidad en todo el territorio nacional. Regulado por la Ley 25.504 y sus modificaciones, permite acceder a derechos y beneficios contemplados en normativas nacionales, provinciales y municipales.
Entre ellos se incluyen cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, acceso a educación, beneficios impositivos y herramientas de inclusión laboral. Su validez no está ligada a la incapacidad laboral, sino a una evaluación integral que contempla factores sociales, educativos y sanitarios.
Especialistas remarcan que discapacidad e incapacidad no son conceptos equivalentes. Mientras la incapacidad laboral refiere a la imposibilidad de trabajar y es determinada por peritajes específicos, el CUD reconoce una condición que puede coexistir con distintos niveles de autonomía.
En medio del debate, organizaciones y referentes del sector advierten que las modificaciones propuestas podrían implicar un cambio de paradigma, alejándose del enfoque de derechos para avanzar hacia un modelo más restrictivo. La discusión, sostienen, trasciende lo técnico y pone en juego el tipo de respuesta que el Estado brinda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Omar Acosta
Activista y Promotor de Derechos de las Personas con Discapacidad
Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos
Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías alternativas)
Neuropsicólogo Clínico – M.N. 1725
Sociedad
El Gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de más de $1 millón para nuevos convenios
El Gobierno nacional busca impulsar la incorporación de un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos en los nuevos convenios colectivos de trabajo, en el marco de la renegociación de las paritarias y del debate por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
La iniciativa es promovida por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, y apunta a que las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias contemplen un piso salarial de referencia. Según fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales, el monto proyectado para agosto de 2026 sería de $1.070.000 brutos.
Sin embargo, la propuesta no implicaría la fijación automática de un nuevo salario mínimo para todos los trabajadores, sino que debería ser discutida y acordada dentro de cada convenio colectivo.
Cómo funcionaría el nuevo esquema
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el objetivo del Gobierno sería que sindicatos y cámaras empresarias negocien un “salario mínimo garantizado” para cada actividad, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos sectores.
Una vez alcanzado el acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo tendría a su cargo el proceso de homologación correspondiente.
Fuentes oficiales señalaron que la iniciativa ya comenzó a ser comunicada a sectores cuyos salarios se encontrarían por debajo del monto de referencia, entre ellos Maestranza, la UOCRA y Sanidad.
Desde el entorno de Cordero también aclararon que el Gobierno no buscaría establecer una pauta mensual única para las negociaciones paritarias.
La intención oficial, según trascendió, es que las discusiones se desarrollen actividad por actividad y gremio por gremio, evitando la aplicación de un criterio uniforme para todos los sectores laborales.
Actualmente, el sistema de negociación colectiva en la Argentina comprende cientos de convenios de actividad y también numerosos acuerdos celebrados a nivel de empresas.
La CGT expresó reparos y pidió paritarias libres
La iniciativa fue recibida con cautela por parte de sectores sindicales.
Según la información publicada por LA NACION, desde la CGT señalaron inicialmente que no tenían conocimiento formal de la propuesta. Uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, Jorge Sola, consideró que podría tratarse de una iniciativa impulsada por el propio Gobierno, aunque sostuvo que una mejora en los ingresos de los trabajadores sería positiva.
Al mismo tiempo, remarcó la postura de la central sindical en favor de que las paritarias se desarrollen mediante acuerdos libres entre trabajadores y empleadores, sin que los salarios se conviertan en una herramienta de control de la inflación.
La discusión se da en la antesala de una nueva reunión del Consejo del Salario
La novedad se conoce en la previa de una nueva convocatoria para discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en una reunión prevista de manera virtual entre representantes sindicales, empresariales y del Estado.
Es importante diferenciar ambos conceptos: el salario mínimo garantizado que busca promover el Gobierno estaría vinculado a la negociación de los nuevos convenios colectivos de cada actividad, mientras que el SMVM es el piso salarial establecido a nivel nacional y tiene incidencia sobre diferentes referencias laborales y prestaciones.
Por el momento, la propuesta continúa en una etapa de discusión y negociación. Su aplicación concreta dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar sindicatos y cámaras empresarias, así como de las posteriores homologaciones por parte de la Secretaría de Trabajo.
De este modo, el eventual piso de $1.070.000 para agosto de 2026 aparece, hasta ahora, como un valor de referencia impulsado por el Gobierno dentro de las negociaciones colectivas y no como una suma automática que alcance de manera inmediata a todos los trabajadores del país.
Sociedad
Dengue y El Niño: advierten que las larvas y huevos del mosquito Aedes aegypti sobreviven al invierno
A pesar del frío habitual de los meses invernales, la amenaza del dengue no desaparece. Los especialistas advierten que, si bien las bajas temperaturas reducen drásticamente la población de mosquitos adultos, los huevos del Aedes aegypti son capaces de permanecer viables en estado de latencia durante meses, listos para eclosionar apenas retornan el calor y las lluvias. Por esta razón, la temporada invernal se consolida como el momento estratégico para intensificar la erradicación de criaderos.
La preocupación se incrementa ante la previsión del fenómeno meteorológico de El Niño, que suele traer consigo un caudal de precipitaciones superior a la media en la región. El aumento en la frecuencia acumulativa de agua en patios, recipientes y baladíos genera un escenario sumamente fértil para la proliferación del vector una vez que la temperatura comience a elevarse en la primavera.
La resistencia de los huevos durante el frío
El descenso térmico atenúa la molestia de los mosquitos voladores, pero no anula el riesgo biológico. Los huevos depositados previamente quedan fuertemente adheridos a las paredes internas de diversos recipientes. Al llegar las lluvias primaverales e incrementarse la marca térmica, el contacto directo con el agua reactiva de inmediato el ciclo vital del mosquito. Las acciones preventivas de invierno buscan, en consecuencia, cortar de raíz esta continuidad biológica.
Medidas clave de prevención
Para neutralizar los reservorios antes del inicio de la temporada alta de transmisión, las autoridades sanitarias recomiendan:
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Descabezar e inhabilitar recipientes: Descortezar, vaciar, voltear o desechar botellas, latas, baldes y neumáticos abandonados a la intemperie.
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Cepillado profundo: Limpiar con fricción vigorosa las paredes internas de bebederos, floreros y baldes, garantizando el desprendimiento físico de los huevos adhiriéndose a las superficies.
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Mantenimiento estructural: Limpiar canaletas de desagüe, mantener herméticamente tapados los tanques o cisternas y revisar de forma periódica los patios o terrenos baldíos.
Sociedad
Crece el escándalo en el clan Stoessel: Alejandro Stoessel podría ir a prisión por una millonaria estafa a Tini
Una auditoría privada sobre el patrimonio acumulado por Tini Stoessel a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria profesional encendió las alarmas judiciales. Los hallazgos preliminares apuntan a una presunta defraudación multimillonaria contra la cantante, lo que situaría a su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, en la mirilla de la Justicia ante una pena de hasta seis años de prisión.
El informe técnico reveló un esquema societario desfavorable para la artista: Stoessel no cuenta con participación accionaria ni capacidad de control sobre las firmas que gestionan los activos generados por sus producciones musicales, derechos de imagen y acuerdos comerciales.
De acuerdo con las estimaciones de los representantes legales de la cantante, la totalidad de los ingresos acumulados y proyectados por sus contratos discográficos es canalizada a través de una entidad jurídica ajena a su dominio. Asimismo, la investigación contable determinó que los derechos económicos asociados a su marca y carrera permanecen bajo la titularidad exclusiva de sociedades donde la intérprete carece de cuota de decisión y titularidad.
