El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ha confirmado la asignación de 230 mil millones de pesos a las provincias para garantizar el pago de aguinaldos mediante el uso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta suma incluye la deuda de 110 mil millones de pesos heredada de la administración anterior, liderada por Mauricio Macri.
En una reunión con un grupo de gobernadores preocupados por la proximidad del fin de mandato y la incertidumbre sobre el pago de salarios de fin de año, Massa aseguró que, hasta el momento, se han recaudado 176.095 millones de fondos ATN para este año. Sin embargo, solo se han transferido 50.661 millones a las provincias, dejando un saldo de 125.434 millones pendientes de transferir al próximo año.
Además, Massa comunicó a los gobernadores que el gobierno dejará un remanente de 930 mil millones de pesos en caja para el administrador entrante, Javier Milei. Este movimiento tiene como objetivo poner de manifiesto la responsabilidad de Milei en caso de que no efectúe las transferencias de fondos correspondientes a las provincias.
Desde la oposición, la medida fue celebrada, como indicó Nacho Torres, gobernador electo de Chubut, quien lideró el reclamo de los mandatarios de Juntos por el Cambio. La compensación lograda fue resultado de gestiones con el Gobierno Nacional, en particular con el Ministro Sergio Massa.
En la reunión asistieron presentes gobernadores y mandatarios electos de Juntos por el Cambio, así como representantes peronistas de distintas provincias. La medida busca aliviar la preocupación de las provincias ante la transición de mandato, garantizando el pago de aguinaldos y dejando una suma considerable en caja para la nueva administración
El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas estructurales que abordan la ley de expropiaciones, el régimen de desalojos, la venta de tierras a extranjeros y el sistema de beneficios sociales. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
Entre los principales ejes, se propone limitar las expropiaciones a casos excepcionales y elevar las indemnizaciones, con el objetivo de fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. Además, se plantea eliminar restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros para fomentar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.
El paquete también incluye una reforma del régimen de desalojos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, endureciendo requisitos y controles para su otorgamiento.
Por otra parte, el Ejecutivo analiza destinar un 10% de los ingresos de privatizaciones a la compra de equipamiento para defensa y avanzar en la concesión del complejo turístico de Chapadmalal por 30 años, con el fin de promover inversiones privadas.
Las medidas forman parte de la agenda impulsada por la administración del presidente Javier Milei, orientada a reconfigurar el rol del Estado, incentivar la inversión y ordenar las cuentas públicas.
La inflación correspondiente al mes de marzo muestra señales de aceleración y podría ubicarse por encima del 3%, de acuerdo a estimaciones privadas. El incremento de precios se ve impulsado principalmente por rubros estacionales y regulados, como educación, indumentaria y tarifas de servicios.
El inicio del ciclo lectivo generó una fuerte presión inflacionaria, con aumentos de hasta el 12% en cuotas escolares y servicios vinculados a la educación. En paralelo, el sector de indumentaria registró subas cercanas al 5%, mientras que los ajustes en tarifas y el impacto del combustible continúan incidiendo en el costo de vida.
En este escenario, el presidente Javier Milei modificó su proyección respecto a la inflación. El mandatario señaló que su objetivo es eliminarla hacia el final de su gestión, alejándose del plazo inicialmente planteado para 2026.
La persistencia de aumentos en distintos sectores vuelve a generar preocupación tanto en consumidores como en analistas, y plantea interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar una desaceleración sostenida en el corto plazo.
El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes y generó fuerte repercusión al asegurar que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país.
A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el funcionario explicó que no podía respaldar la actual política exterior vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Críticas a la estrategia internacional
En su mensaje, Kent sostuvo que la decisión de avanzar en un conflicto con Irán responde a presiones externas y no a una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, afirmó que la situación contradice los principios de política exterior que habían sido promovidos en campañas anteriores.
El ahora exfuncionario también remarcó que, en su visión, las guerras en Medio Oriente implican altos costos humanos y económicos para el país.
Contexto político
Kent había asumido el cargo tras ser confirmado por el Senado en 2025 y mantenía afinidad con la línea política del actual gobierno, aunque en su renuncia dejó en evidencia diferencias en torno a la estrategia internacional.
Su salida se produce en medio de tensiones geopolíticas en la región y abre un nuevo foco de debate dentro de la política estadounidense sobre el rol del país en conflictos internacionales.