Sociedad
Proyecto de ley busca que todos los docentes aprendan a incluir a estudiantes con discapacidad
Fue presentado en las dos cámaras del Congreso y promueve la capacitación obligatoria en temas de discapacidad, ya que en muchos casos el desconocimiento sobre el tema cierra puertas de las aulas a este colectivo. La abogada que lo diseñó, madre de una persona con discapacidad, se inspiró en el caso de otros países.
En las últimas semanas ingresó a las cámaras de Diputados y de Senadores un proyecto que busca promover más inclusión en el ámbito educativo. El texto promueve la capacitación docente obligatoria en discapacidad. Una iniciativa que surgió a partir de lo que veía Romina Núñez, una abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
“Como abogada recibo a diario casos de familias hostigadas por el sistema educativo, niños a los que se le prohíbe la entrada si no cuentan con acompañante, niños a los que no les permiten realizar la jornada completa, familias que no encuentran vacante bajo el argumento de ‘no estamos preparados’ o ‘no tenemos herramientas’. Y como mamá de un niño con discapacidad, también percibo la necesidad de capacitación docente”, cuenta.
¿Cuál es el objetivo del proyecto?
Nuñez explica: “El proyecto busca hacer obligatoria la capacitación docente en discapacidad, sensibilizar al sistema educativo, explicar a los docentes de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y darles las herramientas necesarias para abordar a la diversidad en el aula”. La abogada aclara que “el proyecto no busca solucionar los problemas estructurales del sistema educativo ni quitar los apoyos vigentes, como el maestro de apoyo o acompañante, simplemente se basa en capacitar con perspectiva de discapacidad, atendiendo a toda la diversidad”.
¿Qué contenidos incluiría esta capacitación docente en discapacidad?
El proyecto no incluye la capacitación en sí misma. La iniciativa contempla que el Ministerio de Educación sea la autoridad de aplicación, algo que puede modificarse durante el tratamiento del proyecto en comisiones. Recién entonces se delineará qué incluirá esta capacitación.
¿Qué dice el proyecto?
Entre otros aspectos, dice que apunta a “brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje” y brindar a los docentes “herramientas pedagógicas para la inclusión”. Este es el texto presentado en Diputados la última semana por la diputada Carla Carrizo (de Evolución Ciudadana) y otros 14 cofirmantes y este el presentado en el Senado por Carlos Linares, del Frente de Todos (ambos son casi idénticos).
¿Por qué es importante?
En el 2008, Argentina aprobó la ley 26.378, y adhirió así a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado de Naciones Unidas dice, entre otras cosas, que las escuelas deben adaptarse y proveer apoyos para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda aprender. Pero esto no ocurre en la práctica. En esta nota te contaba que según un relevamiento del Ministerio de Educación de 2019 de los 245.906 estudiantes con discapacidad, el 43,7% va a escuelas especiales, mientras que el restante 56,3% asiste a escuelas comunes.
Ante este panorama, Núñez recorrió los ministerios de Educación de Nación y de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. “Siempre recibí como respuesta: ‘¿Existe alguna que otra capacitación para el que quiere tomarla?, no podemos obligar a los docentes a capacitarse’”. Sin embargo, Núñez pensó que ya existían leyes que, en otros ámbitos, exigían a las personas involucradas capacitarse, como en el caso de la Ley Micaela (que obliga a la capacitación de funcionarios públicos en violencia de género). Entonces, investigó y conoció que países como Francia, Portugal, República Dominicana, Nepal, Palestina, Canadá o Chile ya avanzaron para capacitar a docentes en discapacidad
Sociedad
El Gobierno impulsa un salario mínimo garantizado de más de $1 millón para nuevos convenios
El Gobierno nacional busca impulsar la incorporación de un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos en los nuevos convenios colectivos de trabajo, en el marco de la renegociación de las paritarias y del debate por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.
La iniciativa es promovida por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, y apunta a que las negociaciones entre sindicatos y cámaras empresarias contemplen un piso salarial de referencia. Según fuentes oficiales citadas por distintos medios nacionales, el monto proyectado para agosto de 2026 sería de $1.070.000 brutos.
Sin embargo, la propuesta no implicaría la fijación automática de un nuevo salario mínimo para todos los trabajadores, sino que debería ser discutida y acordada dentro de cada convenio colectivo.
Cómo funcionaría el nuevo esquema
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el objetivo del Gobierno sería que sindicatos y cámaras empresarias negocien un “salario mínimo garantizado” para cada actividad, teniendo en cuenta las particularidades de los distintos sectores.
Una vez alcanzado el acuerdo entre las partes, la Secretaría de Trabajo tendría a su cargo el proceso de homologación correspondiente.
Fuentes oficiales señalaron que la iniciativa ya comenzó a ser comunicada a sectores cuyos salarios se encontrarían por debajo del monto de referencia, entre ellos Maestranza, la UOCRA y Sanidad.
Desde el entorno de Cordero también aclararon que el Gobierno no buscaría establecer una pauta mensual única para las negociaciones paritarias.
La intención oficial, según trascendió, es que las discusiones se desarrollen actividad por actividad y gremio por gremio, evitando la aplicación de un criterio uniforme para todos los sectores laborales.
Actualmente, el sistema de negociación colectiva en la Argentina comprende cientos de convenios de actividad y también numerosos acuerdos celebrados a nivel de empresas.
La CGT expresó reparos y pidió paritarias libres
La iniciativa fue recibida con cautela por parte de sectores sindicales.
Según la información publicada por LA NACION, desde la CGT señalaron inicialmente que no tenían conocimiento formal de la propuesta. Uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera, Jorge Sola, consideró que podría tratarse de una iniciativa impulsada por el propio Gobierno, aunque sostuvo que una mejora en los ingresos de los trabajadores sería positiva.
Al mismo tiempo, remarcó la postura de la central sindical en favor de que las paritarias se desarrollen mediante acuerdos libres entre trabajadores y empleadores, sin que los salarios se conviertan en una herramienta de control de la inflación.
La discusión se da en la antesala de una nueva reunión del Consejo del Salario
La novedad se conoce en la previa de una nueva convocatoria para discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en una reunión prevista de manera virtual entre representantes sindicales, empresariales y del Estado.
Es importante diferenciar ambos conceptos: el salario mínimo garantizado que busca promover el Gobierno estaría vinculado a la negociación de los nuevos convenios colectivos de cada actividad, mientras que el SMVM es el piso salarial establecido a nivel nacional y tiene incidencia sobre diferentes referencias laborales y prestaciones.
Por el momento, la propuesta continúa en una etapa de discusión y negociación. Su aplicación concreta dependerá de los acuerdos que puedan alcanzar sindicatos y cámaras empresarias, así como de las posteriores homologaciones por parte de la Secretaría de Trabajo.
De este modo, el eventual piso de $1.070.000 para agosto de 2026 aparece, hasta ahora, como un valor de referencia impulsado por el Gobierno dentro de las negociaciones colectivas y no como una suma automática que alcance de manera inmediata a todos los trabajadores del país.
Sociedad
Dengue y El Niño: advierten que las larvas y huevos del mosquito Aedes aegypti sobreviven al invierno
A pesar del frío habitual de los meses invernales, la amenaza del dengue no desaparece. Los especialistas advierten que, si bien las bajas temperaturas reducen drásticamente la población de mosquitos adultos, los huevos del Aedes aegypti son capaces de permanecer viables en estado de latencia durante meses, listos para eclosionar apenas retornan el calor y las lluvias. Por esta razón, la temporada invernal se consolida como el momento estratégico para intensificar la erradicación de criaderos.
La preocupación se incrementa ante la previsión del fenómeno meteorológico de El Niño, que suele traer consigo un caudal de precipitaciones superior a la media en la región. El aumento en la frecuencia acumulativa de agua en patios, recipientes y baladíos genera un escenario sumamente fértil para la proliferación del vector una vez que la temperatura comience a elevarse en la primavera.
La resistencia de los huevos durante el frío
El descenso térmico atenúa la molestia de los mosquitos voladores, pero no anula el riesgo biológico. Los huevos depositados previamente quedan fuertemente adheridos a las paredes internas de diversos recipientes. Al llegar las lluvias primaverales e incrementarse la marca térmica, el contacto directo con el agua reactiva de inmediato el ciclo vital del mosquito. Las acciones preventivas de invierno buscan, en consecuencia, cortar de raíz esta continuidad biológica.
Medidas clave de prevención
Para neutralizar los reservorios antes del inicio de la temporada alta de transmisión, las autoridades sanitarias recomiendan:
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Descabezar e inhabilitar recipientes: Descortezar, vaciar, voltear o desechar botellas, latas, baldes y neumáticos abandonados a la intemperie.
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Cepillado profundo: Limpiar con fricción vigorosa las paredes internas de bebederos, floreros y baldes, garantizando el desprendimiento físico de los huevos adhiriéndose a las superficies.
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Mantenimiento estructural: Limpiar canaletas de desagüe, mantener herméticamente tapados los tanques o cisternas y revisar de forma periódica los patios o terrenos baldíos.
Sociedad
Crece el escándalo en el clan Stoessel: Alejandro Stoessel podría ir a prisión por una millonaria estafa a Tini
Una auditoría privada sobre el patrimonio acumulado por Tini Stoessel a lo largo de sus más de 15 años de trayectoria profesional encendió las alarmas judiciales. Los hallazgos preliminares apuntan a una presunta defraudación multimillonaria contra la cantante, lo que situaría a su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, en la mirilla de la Justicia ante una pena de hasta seis años de prisión.
El informe técnico reveló un esquema societario desfavorable para la artista: Stoessel no cuenta con participación accionaria ni capacidad de control sobre las firmas que gestionan los activos generados por sus producciones musicales, derechos de imagen y acuerdos comerciales.
De acuerdo con las estimaciones de los representantes legales de la cantante, la totalidad de los ingresos acumulados y proyectados por sus contratos discográficos es canalizada a través de una entidad jurídica ajena a su dominio. Asimismo, la investigación contable determinó que los derechos económicos asociados a su marca y carrera permanecen bajo la titularidad exclusiva de sociedades donde la intérprete carece de cuota de decisión y titularidad.
