Desde la seccional Concordia de AGMER manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa la Escuela Secundaria N°32 de Magnasco, donde —según denunciaron— funcionarios provinciales habrían intentado normalizar el dictado de clases pese a las condiciones edilicias consideradas riesgosas.
De acuerdo al comunicado difundido este martes, representantes del gremio docente señalaron que las autoridades presentes se limitaron a observar el estado del edificio y aseguraron que se encontraba en condiciones de funcionamiento. Esta postura fue interpretada por la comunidad educativa como una señal de presión y persecución.
En ese marco, apuntaron contra el coordinador de Directores Departamentales de Escuelas, Benedetti, a quien acusaron de impulsar la reanudación de las actividades en un establecimiento que, según sostienen, presenta problemas estructurales.
Asimismo, recordaron que días atrás el entonces Director Departamental de Escuelas de Concordia había visitado la institución y prometido gestiones para abordar la problemática, aunque posteriormente se conoció su renuncia al cargo.
Riesgos estructurales y cuestionamientos
Desde AGMER advirtieron que parte del patio del establecimiento presenta hundimientos, mientras que una rejilla ubicada cerca de la galería —zona de circulación habitual de estudiantes hacia aulas y sanitarios— implicaría riesgo de derrumbe.
También cuestionaron la firma de un acta que garantizaría la seguridad de la comunidad educativa, al considerar que las condiciones reales no acompañan dicha afirmación. Según indicaron, los sectores comprometidos estarían apenas delimitados con cinta plástica.
Por otra parte, el gremio expresó su rechazo a la implementación de un sistema de rotación de clases, al sostener que afecta la continuidad pedagógica y el derecho a la educación de los alumnos de Magnasco.
Exigen respuestas y obras urgentes
Ante este panorama, desde AGMER exigieron el inicio inmediato de obras en el edificio escolar y reclamaron garantías concretas de seguridad para estudiantes, docentes y personal.
Finalmente, repudiaron lo que calificaron como “visitas intimidatorias” por parte de funcionarios provinciales y reiteraron la necesidad de soluciones efectivas en lugar de inspecciones sin respuestas.
