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Sociedad

Proyecto de ley busca que todos los docentes aprendan a incluir a estudiantes con discapacidad

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Fue presentado en las dos cámaras del Congreso y promueve la capacitación obligatoria en temas de discapacidad, ya que en muchos casos el desconocimiento sobre el tema cierra puertas de las aulas a este colectivo. La abogada que lo diseñó, madre de una persona con discapacidad, se inspiró en el caso de otros países.

En las últimas semanas ingresó a las cámaras de Diputados y de Senadores un proyecto que busca promover más inclusión en el ámbito educativo. El texto promueve la capacitación docente obligatoria en discapacidad. Una iniciativa que surgió a partir de lo que veía Romina Núñez, una abogada y activista por los derechos de las personas con discapacidad.

“Como abogada recibo a diario casos de familias hostigadas por el sistema educativo, niños a los que se le prohíbe la entrada si no cuentan con acompañante, niños a los que no les permiten realizar la jornada completa, familias que no encuentran vacante bajo el argumento de ‘no estamos preparados’ o ‘no tenemos herramientas’. Y como mamá de un niño con discapacidad, también percibo la necesidad de capacitación docente”, cuenta.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?
Nuñez explica: “El proyecto busca hacer obligatoria la capacitación docente en discapacidad, sensibilizar al sistema educativo, explicar a los docentes de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y darles las herramientas necesarias para abordar a la diversidad en el aula”. La abogada aclara que “el proyecto no busca solucionar los problemas estructurales del sistema educativo ni quitar los apoyos vigentes, como el maestro de apoyo o acompañante, simplemente se basa en capacitar con perspectiva de discapacidad, atendiendo a toda la diversidad”.

¿Qué contenidos incluiría esta capacitación docente en discapacidad?
El proyecto no incluye la capacitación en sí misma. La iniciativa contempla que el Ministerio de Educación sea la autoridad de aplicación, algo que puede modificarse durante el tratamiento del proyecto en comisiones. Recién entonces se delineará qué incluirá esta capacitación.

¿Qué dice el proyecto?
Entre otros aspectos, dice que apunta a “brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje” y brindar a los docentes “herramientas pedagógicas para la inclusión”. Este es el texto presentado en Diputados la última semana por la diputada Carla Carrizo (de Evolución Ciudadana) y otros 14 cofirmantes y este el presentado en el Senado por Carlos Linares, del Frente de Todos (ambos son casi idénticos).

¿Por qué es importante?
En el 2008, Argentina aprobó la ley 26.378, y adhirió así a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado de Naciones Unidas dice, entre otras cosas, que las escuelas deben adaptarse y proveer apoyos para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda aprender. Pero esto no ocurre en la práctica. En esta nota te contaba que según un relevamiento del Ministerio de Educación de 2019 de los 245.906 estudiantes con discapacidad, el 43,7% va a escuelas especiales, mientras que el restante 56,3% asiste a escuelas comunes.

Ante este panorama, Núñez recorrió los ministerios de Educación de Nación y de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. “Siempre recibí como respuesta: ‘¿Existe alguna que otra capacitación para el que quiere tomarla?, no podemos obligar a los docentes a capacitarse’”. Sin embargo, Núñez pensó que ya existían leyes que, en otros ámbitos, exigían a las personas involucradas capacitarse, como en el caso de la Ley Micaela (que obliga a la capacitación de funcionarios públicos en violencia de género). Entonces, investigó y conoció que países como Francia, Portugal, República Dominicana, Nepal, Palestina, Canadá o Chile ya avanzaron para capacitar a docentes en discapacidad

Mundo

Renunció asesor antiterrorismo de EE.UU. y cuestionó la postura frente a Irán

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El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes y generó fuerte repercusión al asegurar que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país.

A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el funcionario explicó que no podía respaldar la actual política exterior vinculada al conflicto en Medio Oriente.

Críticas a la estrategia internacional

En su mensaje, Kent sostuvo que la decisión de avanzar en un conflicto con Irán responde a presiones externas y no a una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, afirmó que la situación contradice los principios de política exterior que habían sido promovidos en campañas anteriores.

El ahora exfuncionario también remarcó que, en su visión, las guerras en Medio Oriente implican altos costos humanos y económicos para el país.

Contexto político

Kent había asumido el cargo tras ser confirmado por el Senado en 2025 y mantenía afinidad con la línea política del actual gobierno, aunque en su renuncia dejó en evidencia diferencias en torno a la estrategia internacional.

Su salida se produce en medio de tensiones geopolíticas en la región y abre un nuevo foco de debate dentro de la política estadounidense sobre el rol del país en conflictos internacionales.

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Local

Se profundiza la caída del consumo: bajan las ventas y crece el uso de crédito

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La actividad comercial continúa sin mostrar señales de recuperación y registró una caída interanual del 1,9% en febrero, según el Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo. De esta manera, se acumulan tres meses consecutivos en baja.

El retroceso también impacta en la recaudación, con una disminución del 3,5% en el IVA vinculado al consumo durante el primer bimestre del año. A su vez, el patentamiento de autos cayó 3,4% interanual.

Uno de los datos más preocupantes es la baja en el consumo de alimentos básicos: la carne vacuna descendió 14,7% y el pollo —habitual reemplazo— cayó 11,5%, reflejando la pérdida del poder adquisitivo.

Más consumo con tarjeta y aumento de la morosidad

En contraste, las compras con tarjeta de crédito crecieron 5,8%, consolidando una tendencia que ya había mostrado un fuerte aumento en 2025. Este incremento se da en un contexto de altas tasas de interés y niveles récord de endeudamiento.

Según los últimos datos del Banco Central, el 9,3% de las tarjetas presenta mora, mientras que en préstamos personales el retraso alcanza el 12%. En el caso de billeteras virtuales, la morosidad supera el 16% y estimaciones privadas la ubican por encima del 20%.

El escenario refleja una combinación de caída del consumo, mayor dependencia del crédito y dificultades crecientes para afrontar pagos, en un contexto económico que sigue mostrando señales de tensión.

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Sociedad

Argentina oficializó su salida de la OMS y abre un nuevo escenario sanitario

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El Gobierno nacional confirmó la salida formal de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que marca un cambio significativo en la política sanitaria internacional del país.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien informó que la medida se hizo efectiva al cumplirse un año de la notificación formal presentada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2025.

Desde el Ejecutivo señalaron que, a partir de ahora, el país continuará promoviendo la cooperación en materia de salud a través de acuerdos bilaterales y regionales, destacando la intención de mantener autonomía en la toma de decisiones sanitarias.

La salida de la Organización Mundial de la Salud implica que Argentina deja de participar en programas globales coordinados por ese organismo, vinculados a campañas de vacunación, control de enfermedades y acceso a medicamentos.

Además, el país queda fuera de redes de cooperación técnica y financiamiento internacional que forman parte del sistema sanitario global.

En su momento, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había expresado su preocupación por la decisión y solicitó que se reconsiderara la medida.

Cambio en la estrategia sanitaria

La decisión se enmarca dentro de la política impulsada por el presidente Javier Milei, orientada a redefinir el rol del Estado y su vínculo con organismos internacionales.

Según fuentes oficiales, el objetivo es reemplazar la participación en estructuras multilaterales por acuerdos directos entre países, manteniendo —según indicaron— la soberanía en materia de salud pública.

No obstante, la medida abre interrogantes sobre el impacto en programas sanitarios y en la articulación con estrategias globales de prevención y respuesta ante enfermedades.

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