La titular de Pro afirmó que la agencia estadounidense podría actuar y detener al mandatario venezolano por narcotráfico; “Hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cártel de los Soles”, aseguró
Después de haber pedido la detención de Nicolás Maduro frente a su llegada a la Argentina la semana entrante para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la titular de Pro, Patricia Bullrich, anticipó que mañana hará una presentación ante la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) a raíz de la presencia del presidente venezolano en el país. La opositora insistió en que pesa en contra del mandatario un pedido de captura por su “participación en el Cártel de los Soles” y se amparó en la firma de un acuerdo de cooperación con EE.UU. que le permitiría a la agencia arrestarlo.
“El día de mañana voy a hacer una presentación a la DEA, porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cártel de los Soles. Ese es un acuerdo que tiene desde 1998 la Argentina con EE.UU., por el cual hoy, por ejemplo, está detenido el avión venezolano que viniera con tripulación iraní en la Argentina. Es un acuerdo bilateral por el cual si la Argentina denuncia que una persona buscada en EE.UU está aquí, las oficinas de la DEA en la Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura tras ser extraditada a EE.UU.”, explicó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.
En función de la firma del documento aludido, Bullrich sostuvo que la DEA podría actuar contra Madruo, quien “está buscado por ser uno de los jefes del Cártel de los Soles” en el marco de una investigación que se desarrolla en EE.UU. “Cualquier venezolano te dice que el régimen, caído el petróleo en los niveles que cayó, se sostuvo justamente por el problema del narcotráfico”, sostuvo.
Luego, desarrolló: “Estamos trabajando a partir del acuerdo que nosotros tenemos con EE.UU. sobre cooperación final en casos de detenidos, de información y de tener personas con pedido de extradición, tanto aquí como allá; también para que la información llegue a la Organización de Estados Americanos (OEA), que también es firmante de la denuncia; y a la vez para que la Justicia argentina se ponga al nivel de una que toma el concepto de universalidad de los DD.HH. y de peligrosidad del narcotráfico, para que actúe”.
Y agregó: “Esto puede ser un hito donde la Argentina se ponga en la conducción de una política de defensa de la democracia, de la vida y de los DD.HH”.
Más tarde, al ser consultada sobre los motivos detrás de la invitación que el Gobierno les extendió a Maduro, a Miguel Díaz-Canel (Cuba) y a Daniel Ortega (Nicaragua) con motivo de la cumbre de la Celac, reflexionó: “A mí me parece que lo que pasa es que el kirchnerismo, en el marco de un modelo que ellos creen que se ha fortalecido en América Latina a partir del triunfo de determinados presidentes, quiere aprovechar la debilidad política que tiene para rodearse de un mundo similar al de ellos, que muestre que hay una hegemonía de este tipo de regímenes en América Latina”.
Y frente al mencionado escenario, remató: “Me parece que acá hay una clara pelea respecto de en qué tipo de sociedad queremos vivir; si en una democrática, con libertad, o en una donde hay líderes eternos, dictaduras, faltas de respeto a los DD.HH. y, en el caso de Maduro, denuncias por crímenes de Lesa Humanidad y narcotráfico”.
El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas estructurales que abordan la ley de expropiaciones, el régimen de desalojos, la venta de tierras a extranjeros y el sistema de beneficios sociales. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
Entre los principales ejes, se propone limitar las expropiaciones a casos excepcionales y elevar las indemnizaciones, con el objetivo de fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. Además, se plantea eliminar restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros para fomentar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.
El paquete también incluye una reforma del régimen de desalojos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, endureciendo requisitos y controles para su otorgamiento.
Por otra parte, el Ejecutivo analiza destinar un 10% de los ingresos de privatizaciones a la compra de equipamiento para defensa y avanzar en la concesión del complejo turístico de Chapadmalal por 30 años, con el fin de promover inversiones privadas.
Las medidas forman parte de la agenda impulsada por la administración del presidente Javier Milei, orientada a reconfigurar el rol del Estado, incentivar la inversión y ordenar las cuentas públicas.
La inflación correspondiente al mes de marzo muestra señales de aceleración y podría ubicarse por encima del 3%, de acuerdo a estimaciones privadas. El incremento de precios se ve impulsado principalmente por rubros estacionales y regulados, como educación, indumentaria y tarifas de servicios.
El inicio del ciclo lectivo generó una fuerte presión inflacionaria, con aumentos de hasta el 12% en cuotas escolares y servicios vinculados a la educación. En paralelo, el sector de indumentaria registró subas cercanas al 5%, mientras que los ajustes en tarifas y el impacto del combustible continúan incidiendo en el costo de vida.
En este escenario, el presidente Javier Milei modificó su proyección respecto a la inflación. El mandatario señaló que su objetivo es eliminarla hacia el final de su gestión, alejándose del plazo inicialmente planteado para 2026.
La persistencia de aumentos en distintos sectores vuelve a generar preocupación tanto en consumidores como en analistas, y plantea interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar una desaceleración sostenida en el corto plazo.
El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes y generó fuerte repercusión al asegurar que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país.
A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el funcionario explicó que no podía respaldar la actual política exterior vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Críticas a la estrategia internacional
En su mensaje, Kent sostuvo que la decisión de avanzar en un conflicto con Irán responde a presiones externas y no a una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, afirmó que la situación contradice los principios de política exterior que habían sido promovidos en campañas anteriores.
El ahora exfuncionario también remarcó que, en su visión, las guerras en Medio Oriente implican altos costos humanos y económicos para el país.
Contexto político
Kent había asumido el cargo tras ser confirmado por el Senado en 2025 y mantenía afinidad con la línea política del actual gobierno, aunque en su renuncia dejó en evidencia diferencias en torno a la estrategia internacional.
Su salida se produce en medio de tensiones geopolíticas en la región y abre un nuevo foco de debate dentro de la política estadounidense sobre el rol del país en conflictos internacionales.