Región
La Justicia procesó a tres empresarios por trata laboral de personas
La fiscal federal Josefina Minatta apeló la falta de mérito dictada el 31 de marzo pasado por el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay de competencia en el departamento Concordia, Pablo Andrés Seró, a un empresario imputado del presunto delito de “Trata de personas con fines de explotación laboral agravado” contra, al menos, 190 trabajadores rurales. Se trata del presidente de la firma Extraberries Sociedad Anónima, que -de acuerdo a la investigación- explotaba los campos donde ocurrieron los hechos.
En aquella resolución, el magistrado también había dictado el procesamiento de otros tres hombres: el presidente de la empresa Eureka SRL y dos capataces, tras considerarlos responsables del mismo delito en calidad de autores y, a su vez, dispuso el embargo de sus bienes hasta alcanzar la suma de 50 mil pesos cada uno.
Los hombres se encuentran imputados de haber intervenido en la captación y acogimiento de las víctimas en situación de vulnerabilidad, en su mayoría procedentes de provincias del norte argentino, para explotarlos laboralmente en campos de Concordia para la cosecha de arándanos.
Según la investigación, las víctimas eran convocadas en su mayoría por una persona a quien conocían por haber realizado otros trabajos con él. Desde la terminal de ómnibus, eran trasladados en micros -cuyos pasajes luego les descontaban del salario- hasta la zona de las fincas en la provincia de Entre Ríos. Una vez que arribaban al lugar, la mayoría de las promesas que les habían realizado no se cumplían y eran alojados en lugares inhabitables, sin luz, con precarias instalaciones eléctricas y sin baños.
En su declaración, algunos de los trabajadores dijeron estar a las órdenes de Eureka SRL. La investigación es el resultado de la unificación de seis causas originadas por denuncias presentadas entre 2013 y 2017, acumuladas porque involucran a las mismas personas imputadas.
Los argumentos de la apelación
En el recurso planteado, la fiscal Minatta destacó que “ir hacia arriba en la cadena de responsabilidades forma parte de un criterio de política criminal que está entre las facultades de este Ministerio Público” y agregó que “no se puede dejar de señalar que la propia Cámara Federal de Casación Penal compartió esta perspectiva en más de una oportunidad”.
En esa línea, citó un fallo emitido por la Sala IV del máximo tribunal penal en el marco de una causa en la que se investigaron una serie de talleres textiles que estaban relacionados con la firma Falabella SA, donde fue finalmente procesado el presidente de esta firma. “La Sala IV sostuvo que ‘quien percibe la mayor ganancia en la cadena de producción tiene responsabilidad y un deber de conocimiento acerca de las cuestiones que están bajo su directo ámbito de organización’”, resaltó la fiscal.
“La responsabilidad de este tipo de empresas obedece a que las sociedades involucradas incumplieron una serie de normas laborales y aumentaron considerablemente el riesgo de producción del resultado”, citó la fiscal Minatta a la Cámara de Casación.
Añadió luego que “la responsabilidad de este tipo de empresas obedece a que las sociedades involucradas incumplieron una serie de normas laborales y aumentaron considerablemente el riesgo de producción del resultado”.
En conclusión, sostuvo que “debe ponerse de relieve que la demanda de esclavización de los seres humanos proviene de los escalones más altos en la cadena de producción y beneficios, y es aquí hacia donde también se deben dirigir las investigaciones judiciales para alcanzar eficazmente el objetivo constitucional de erradicar el delito de trata de personas”.
Condiciones infrahumanas
Según la investigación, las diferentes víctimas identificadas en cada uno de los procesos refirieron ser “trabajadores golondrinas” que residían en condiciones de hacinamiento en los distintos lugares utilizados por los imputados. Explicaron que se encontraban alejados de zonas urbanas, en condiciones precarias, ya sea en galpones o en viviendas en construcción, con filtraciones de agua, baños de madera tipo letrina y habitaciones construidas con madera. Sostuvieron que allí habitaban hombres, mujeres y niños que compartían baños y se encontraban en malas condiciones de higiene, con cuchetas e instalaciones eléctricas precarias.
De acuerdo a los testimonios, la explotación laboral de esas personas habría consistido en trabajo no registrado en la cosecha de arándanos, con jornadas de 12 horas diarias de lunes a sábados. No se les proveía la vestimenta de trabajo ni elementos de seguridad acordes a las tareas, les descontaban el valor de la comida y de los pasajes de traslado, y no les otorgaban recibo de haberes ni les efectuaban aportes previsionales. Las personas explotadas tenían prohibido trasladarse a sus lugares de origen, se les retenía documentación personal y les prohibían salir cuando tenían problemas de salud, bajo amenazas de ser despedidos, así como también hablar con otras personas.
Según declararon las víctimas, los acusados imponían en este contexto sanciones a aquellas personas que expresaban su voluntad de renunciar, tales como no darles comida, no pagarles y hacerlos caminar distancias extremadamente largas.
Los distintos roles
Según la investigación, uno de los procesados cumplía el rol de captador y “contratista” por cuenta y orden de las empresas Eureka SRL, Blueberries SA y Extraberries SA de las personas explotadas, provenientes de las provincias de Misiones, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y del Estado Plurinacional de Bolivia. Otro de los procesados es el padre aquél y también habría intervenido en la captación, acogimiento y explotación laboral en su actividad de contratista de las empresas mencionadas. El tercer procesado habría intervenido en la captación, acogimiento y explotación laboral en su calidad de presidente de Eureka SRL al momento de los hechos. Finalmente, el cuarto imputado -beneficiado provisoriamente con la falta de mérito- es el presidente de la firma que explotaba los campos investigados.
Según declararon las víctimas, los acusados imponían en este contexto sanciones a aquellas personas que expresaban su voluntad de renunciar, tales como no darles comida, no pagarles y hacerlos caminar distancias extremadamente largas.
Acumulación de causas
La primera investigación se inició tras una denuncia recibida el 29 de noviembre de 2013 a través de la línea de atención telefónica del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ponía en conocimiento una situación de trata laboral en Concordia. El relato indicaba uno de los imputados habría captado desde Misiones 50 personas a través de un intermediario para trabajar en la cosecha de arándanos. El denunciante refirió que esas personas fueron alojadas en condiciones precarias en una vivienda que no tenía techo, donde se mojaba todo cuando llovía, que no se les permitían salir a los trabajadores y que los amenazaban con echarlos si lo hacían.
Como consecuencia, el 7 de febrero de 2014 se llevó adelante el allanamiento en el lugar por parte de Gendarmería Nacional. En esa oportunidad se pudo constatar una vivienda en construcción, una puerta metálica, dos ventanas y un portón de madera precario. En su interior había tres dormitorios de madera con un baño (letrina) construido de madera en estado precario. Posteriormente se hicieron presentes en el lugar el propietario y otro hombre, dos de los ahora procesados.
Allí se halló documentación personal de tres personas que se encontraban viviendo en el predio. Si bien dijeron que en ese momento no estaban trabajando, aseguraron que lo habían hecho hacía un tiempo atrás y manifestaron que vivían en condiciones muy precarias.
Tiempo antes, el 11 de noviembre 2013 se había realizado una inspección en otro inmueble de Concordia. En esa oportunidad, una mujer informó que en el lugar vivían alrededor de 40 personas e hizo ingresar al personal encargado del operativo, quienes pudieron visualizar un pequeño dormitorio de 3 por 4 metros donde había cuatro cuchetas dobles, mientras que en otro espacio había once cuchetas dobles. Se dejó que constancia que las instalaciones eran muy precarias y que no poseían agua potable y había una falta total de higiene. Según la persona que los recibió ese día, habrían sido contratados por dos de las personas procesadas.
En esa oportunidad, también fueron relevadas 40 personas hombres y mujeres que dijeron que eran “trabajadores golondrinas” que se encontraban en condiciones de hacinamiento y que trabajaban para la empresa Blueberries SA, cosechando arándanos en la quinta de la firma. La mayoría eran oriundos de Salta y La Rioja, en tanto que cinco eran de Bolivia.
Como consecuencia de la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, la Justicia provincial libró una orden de allanamiento. El operativo se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2013 y, en esa oportunidad, se identificaron en el lugar a 25 trabajadores oriundos de Bolivia y de las provincias de Salta y La Rioja.
La tercera causa se inició el 24 de octubre de 2014, a raíz de una denuncia realizada por un representante del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) por la cual se relevaron tres galpones en inmediaciones de Bario Fátima II, ubicado en Concordia, donde había trabajadores contratados para cosechar arándanos en la quinta de “Blu Berry” (sic). En uno de esos predios se relevaron a 48 trabajadores. Algunos dijeron que trabajaban para la firma “Blue Berry”, otros dijeron trabajar para Eureka y otros para “Extra Berry”.
Ese mismo año, otra denuncia dio origen a otra causa. En esa oportunidad, una persona denunció al “representante” de la empresa Eureka SRL, Extraberry SRL y Blueberry SA por tener a trabajadores en condiciones infrahumanas. Existieron dos denuncias más que, al haber sido efectuadas sobre hechos similares en galpones ubicados en la misma zona, llevaron a la fiscal federal de primera instancia de esa jurisdicción en ese entonces, María de los Milagros Squivo, a solicitar la acumulación de los expedientes.
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Concordia concentra la mitad de las causas por narcomenudeo en Entre Ríos y lidera las estadísticas judiciales en 2025
Con 261 expedientes iniciados durante 2025, Concordia volvió a posicionarse como el principal foco de causas por narcomenudeo en Entre Ríos, concentrando poco más del 50% de las investigaciones judicializadas en toda la provincia. Así lo revela un informe elaborado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, que contabilizó un total de 520 causas iniciadas en los tribunales entrerrianos.
Las cifras reflejan la magnitud que alcanzó el fenómeno en la región y exponen una realidad que preocupa a magistrados y operadores judiciales: el narcomenudeo ya no responde a un perfil social determinado y se extiende a distintos sectores de la sociedad.
Un fenómeno cada vez más extendido
En diálogo con el programa Cuestión de Fondo, los jueces de Garantías de Paraná, Pablo Zoff y Mariano Budasoff, analizaron el impacto de la Ley de Narcomenudeo a casi ocho años de su implementación en Entre Ríos.
Zoff explicó que la provincia asumió la competencia para investigar la comercialización minorista de drogas, conocida comúnmente como la actividad de los “kioscos” de venta de estupefacientes. En ese marco, las fiscalías realizan tareas de vigilancia, reúnen pruebas, solicitan allanamientos y promueven medidas cautelares para avanzar en las investigaciones.
Según indicó el magistrado, una importante cantidad de expedientes concluye mediante juicios abreviados debido a la solidez de las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa.
Cambió el perfil de los imputados
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los jueces es la transformación en las características de las personas involucradas en este tipo de delitos.
“Antes predominaban personas jóvenes y de sectores vulnerables. Hoy observamos una realidad mucho más diversa”, señaló Budasoff, quien remarcó que actualmente aparecen imputados de distintas edades, incluyendo adultos mayores, así como integrantes de sectores medios.
El magistrado sostuvo que el narcomenudeo parece haberse convertido para algunos en una alternativa de subsistencia económica, independientemente de su condición social.
Falta de conciencia sobre las consecuencias penales
Los jueces también coincidieron en que muchas personas que terminan procesadas por comercialización de drogas no dimensionan la gravedad de los delitos que cometen.
“Pareciera que no habían tomado conciencia de las consecuencias legales de sus actos”, afirmó Zoff, al recordar que estos delitos contemplan penas de cumplimiento efectivo y no permiten, en la mayoría de los casos, acceder a condenas condicionales.
Budasoff agregó que existe un importante desconocimiento respecto al funcionamiento del sistema judicial y aclaró que muchas veces la sociedad interpreta erróneamente medidas como la prisión domiciliaria, creyendo que los acusados recuperan la libertad cuando en realidad continúan sometidos al proceso penal.
Más condenas y presión sobre las cárceles
El crecimiento sostenido de las causas por narcomenudeo también genera un fuerte impacto en el sistema penitenciario provincial.
Según explicó Budasoff, las condenas por estos delitos suelen ser relativamente cortas, pero el ingreso constante de nuevos detenidos provoca una presión permanente sobre las unidades penales.
“El flujo entre ingresos y egresos no logra equilibrarse, generando una ocupación sostenida en las cárceles”, advirtió.
Concordia, ampliamente al frente
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la jurisdicción Concordia-San Salvador encabezó el ranking provincial con 261 causas iniciadas durante 2025. Muy por detrás se ubicaron Gualeguaychú e Islas con 85 expedientes y Paraná con 30.
Además, Concordia también lideró las resoluciones en los Tribunales de Juicio, donde se tramitaron 50 de las 119 causas resueltas en toda la provincia.
Entre los delitos más frecuentes aparece la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que acumuló 217 expedientes, seguida por la tenencia simple con 111 causas y el comercio de estupefacientes con 88.
En cuanto a las condenas dictadas, casi la mitad correspondió a tenencia con fines de comercialización, consolidando a esta figura como la más recurrente dentro de los procesos judiciales vinculados al narcomenudeo.
Los datos oficiales y el análisis de los magistrados coinciden en una conclusión: el narcomenudeo continúa expandiéndose en Entre Ríos, adopta perfiles cada vez más diversos y mantiene a Concordia como el principal epicentro de esta problemática dentro del sistema judicial provincial.
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Enrique Cresto reaparece en la escena política y deja definiciones clave sobre Concordia, el PJ y su futuro electoral
El exintendente confirmó su intención de competir por la Gobernación en 2027, analizó la situación económica de Concordia, cuestionó al gobierno provincial y habló sobre la reconstrucción del peronismo entrerriano.
Luego de un prolongado período alejado de la primera línea política, el diputado provincial y exintendente de Concordia, Enrique Tomás Cresto, volvió a ocupar el centro del debate público con una serie de definiciones que marcan el inicio de una nueva etapa dentro del escenario político entrerriano.
En una extensa entrevista televisiva, Cresto abordó temas vinculados a la actualidad económica y social de Concordia, la situación interna del Partido Justicialista, las causas judiciales que involucran a dirigentes peronistas y las perspectivas electorales de cara a 2027. Además, dejó en claro cuál es su principal objetivo político para los próximos años: llegar a la Gobernación de Entre Ríos.
Su salud y el regreso a la actividad pública
El dirigente explicó que gran parte de su bajo perfil durante 2024 y 2025 estuvo relacionado con una cuestión de salud. Reveló que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn, una patología autoinmune que logró estabilizar mediante tratamiento médico.
Según relató, actualmente lleva una vida activa y retomó sus rutinas deportivas habituales, realizando diariamente actividades como ciclismo y natación, situación que le permitió regresar plenamente a la actividad política.
La situación de Concordia y la crisis económica
Al analizar la realidad de la capital del citrus, Cresto sostuvo que la ciudad atraviesa un contexto complejo producto del actual modelo económico nacional, especialmente por el impacto que genera en las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, destacó el potencial productivo y económico de Concordia, a la que definió como uno de los principales motores de la región mesopotámica. En ese sentido, remarcó que continúa siendo un polo de atracción laboral para habitantes del norte entrerriano y del sur correntino que buscan oportunidades de empleo.
El exintendente aseguró que la ciudad mantiene una importante capacidad de movilidad social gracias a sectores productivos como la citricultura, la actividad forestal, los arándanos, la nuez pecán y diversas industrias vinculadas al desarrollo regional.
“Concordia sigue siendo una ciudad peronista”
Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue su afirmación respecto de la identidad política de la ciudad.
Cresto sostuvo que, pese a la derrota electoral de 2023, el peronismo mantiene una fuerte presencia territorial y una estrecha vinculación con sectores sociales que históricamente acompañaron sus gestiones.
Atribuyó parte del resultado electoral a errores estratégicos durante la campaña provincial y consideró que la falta de presencia constante de algunos candidatos en Concordia terminó afectando el desempeño del justicialismo en las urnas.
La reconstrucción del Partido Justicialista
Respecto del presente del PJ entrerriano, el legislador afirmó que el espacio atraviesa una etapa de reorganización y reflexión, con el objetivo de reconstruir vínculos con la sociedad y elaborar una propuesta renovada para los próximos desafíos electorales.
En ese marco, mencionó a diversos dirigentes que podrían desempeñar roles importantes en el armado opositor hacia 2027 y aseguró que existen conversaciones permanentes entre distintos sectores del peronismo para construir una alternativa competitiva.
Críticas al gobierno de Rogelio Frigerio
Durante la entrevista también formuló cuestionamientos hacia la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Si bien reconoció haber mantenido una buena relación institucional con el actual mandatario durante su paso por el Ministerio del Interior de la Nación, consideró que desde su llegada al Ejecutivo provincial no se produjeron las transformaciones estructurales que habían sido prometidas durante la campaña.
Asimismo, cuestionó la forma en que se impulsó la reforma previsional y advirtió sobre la falta de diálogo político entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición.
Las causas judiciales y la defensa del peronismo
Consultado sobre las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes justicialistas, Cresto sostuvo que existe una mirada desigual por parte de algunos sectores sobre los distintos casos que se tramitan en la Justicia.
Si bien evitó realizar defensas jurídicas específicas, consideró que debe diferenciarse la evaluación de determinadas causas de los resultados de gestión que tuvieron los gobiernos provinciales encabezados por referentes del peronismo.
También se refirió a la denominada “causa de los contratos” de la Legislatura entrerriana, negando irregularidades durante el período en que estuvo al frente del bloque justicialista y asegurando que todas las personas vinculadas a esos contratos cumplían funciones concretas.
La definición que proyecta el escenario electoral de 2027
Sobre el cierre de la entrevista llegó la frase que rápidamente generó repercusiones dentro del ámbito político provincial.
Ante la consulta sobre sus aspiraciones futuras, Enrique Cresto fue directo y no dejó lugar a interpretaciones:
“Sí, quiero ser gobernador de Entre Ríos”.
No obstante, aclaró que en política las aspiraciones personales deben estar acompañadas por las condiciones necesarias para concretarlas y remarcó que el desafío inmediato pasa por reconstruir una propuesta política capaz de volver a conectar con las demandas de la sociedad.
Con estas declaraciones, el exintendente de Concordia volvió a posicionarse en el tablero político entrerriano y dejó abierta una discusión que seguramente marcará buena parte de la agenda partidaria de cara a las elecciones de 2027
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Aumentan los peajes en la Ruta 14: cuáles serán las nuevas tarifas en Colonia Elía, Yeruá y Piedritas desde el 13 de junio
La concesionaria Autovía del Mercosur informó que desde las 0 horas del sábado 13 de junio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Ruta Nacional 14 y el primer tramo del corredor en la provincia de Corrientes.
La actualización contempla un incremento promedio del 16,7% y alcanzará a todas las categorías de vehículos que circulan por el denominado Tramo Oriental de la Autovía del Mercosur.
Según detalló la empresa, los usuarios adheridos al sistema TelePASE continuarán accediendo a valores diferenciados respecto de quienes opten por el pago manual electrónico. En la Categoría 1, correspondiente a automóviles, la tarifa será de $2.232,74 mediante TelePASE, mientras que ascenderá a $4.465,48 para quienes abonen de forma manual.
Para las categorías 2 y 3, el nuevo valor será de $4.465,48 con TelePASE y de $8.930,96 con pago manual electrónico. En tanto, los vehículos de Categoría 4 deberán abonar $6.698,22 en la modalidad automática y $13.396,44 en la modalidad manual.
Por su parte, las categorías 5 y 6 pasarán a pagar $8.930,96 a través de TelePASE y $17.861,92 mediante el sistema de pago manual electrónico.
Desde la concesionaria indicaron que los nuevos importes comenzarán a aplicarse de manera simultánea en las tres estaciones de peaje, en el marco de la actualización tarifaria autorizada para el corredor vial.
Nuevas tarifas
TelePASE
- Categoría 1: $2.232,74
- Categorías 2 y 3: $4.465,48
- Categoría 4: $6.698,22
- Categorías 5 y 6: $8.930,96
Pago manual electrónico
- Categoría 1: $4.465,48
- Categorías 2 y 3: $8.930,96
- Categoría 4: $13.396,44
- Categorías 5 y 6: $17.861,92
La medida impactará en miles de usuarios que diariamente transitan por la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de conexión del litoral argentino para el transporte de pasajeros, el turismo y la actividad logística.
