Concordia es el tercer departamento de la provincia con mayor cantidad de casos de violencia de género registrados, según el Ministerio de las Mujeres de la Nación. Los detalles.
Según los datos recopilados por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, todos los departamentos de Entre Ríos presentan un nivel calificado de “altísimo” de riesgo de violencia. Así se puede observar en el tablero Sicvg, una aplicación web elaborada a partir de la estadística oficial.
“El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género nos brinda información de todo el país, nos muestra cómo impactan las políticas, las respuestas del Estado, y nos permite mejorar aquello que tengamos que mejorar”, sostuvo la ministra del área, Ayelén Mazzina, durante el acto de presentación del Primer Informe Estadístico Global del Sicvg durante este lunes
Los principales resultados del informe contienen datos desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022, provenientes de diversas fuentes de todo el país. Se trata de un universo cercano a los 700.000 registros que permiten observar las características principales de las personas en situación de violencia por motivos de género, de las personas agresoras, y de los tipos y modalidades de violencia, entre otros aspectos.
Los datos
El informe contabiliza entre 2013 y el 31 de diciembre de 2022, un total de 669.339 personas asistidas (73,1%) y consultas (26,9%) realizadas por motivos de violencia de género. De ese total, 9.389 casos corresponden a Entre Ríos, el 1,5% de todo el país.
En Entre Ríos, según la información disponible, el 97,7% de la violencia de género es doméstica. Además, el 86,3% de las víctimas sufre violencia psicológica; 82,3% violencia física; 44,3% económica y patrimonial.
Por otro lado, en el 71,1% de los casos la ejerce la ex pareja y en el 17% la pareja actual. En el 97,8%, las víctimas son mujeres, en el 1,3% son varones y en el 0,8% distintas categorías de las disidencias.
El tablero del Sicvg (https://tablerosicvg.mingeneros.gob.ar/) permite también identificar cuál es la situación departamento por departamento. En el Departamento Paraná hay 2.675 personas en situación de violencia y es el distrito con la mayor cantidad de casos. En segundo orden aparece Uruguay, con 985, y en el tercero Concordia, con 546.
Según se lee en el informe, “el sistema permite conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona en situación de violencia. De esta manera, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas”.
Inclusión a personas LGTBI+
En cuanto al informe, desde el Ministerio también destacaron que, por primera vez en Argentina, la información corresponde no solo a mujeres sino también a LGTBI+ que recibieron asistencia del Estado por motivo de violencia de género.
Además de los datos clásicos de modalidad, tipo de violencia, vínculo con la persona agresora, para los registros que fueron cargados de manera directa en el Sicgv se cuenta con información considerada “mucho más comprensiva”, como el nivel de riesgo, las conductas violentas experimentadas, características de interseccionalidad como migración, población indígena, afrodescendientes, trata, conflicto con la ley penal, entre otras.
También, por primera vez en un informe de un registro nacional, se presentan datos sobre la respuesta del Estado frente a la solicitud de asistencia y protección.
El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un paquete de reformas estructurales que abordan la ley de expropiaciones, el régimen de desalojos, la venta de tierras a extranjeros y el sistema de beneficios sociales. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
Entre los principales ejes, se propone limitar las expropiaciones a casos excepcionales y elevar las indemnizaciones, con el objetivo de fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. Además, se plantea eliminar restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros para fomentar el ingreso de capitales en sectores estratégicos como energía, minería y agroindustria.
El paquete también incluye una reforma del régimen de desalojos para acelerar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente, así como una revisión del sistema de pensiones por discapacidad, endureciendo requisitos y controles para su otorgamiento.
Por otra parte, el Ejecutivo analiza destinar un 10% de los ingresos de privatizaciones a la compra de equipamiento para defensa y avanzar en la concesión del complejo turístico de Chapadmalal por 30 años, con el fin de promover inversiones privadas.
Las medidas forman parte de la agenda impulsada por la administración del presidente Javier Milei, orientada a reconfigurar el rol del Estado, incentivar la inversión y ordenar las cuentas públicas.
La inflación correspondiente al mes de marzo muestra señales de aceleración y podría ubicarse por encima del 3%, de acuerdo a estimaciones privadas. El incremento de precios se ve impulsado principalmente por rubros estacionales y regulados, como educación, indumentaria y tarifas de servicios.
El inicio del ciclo lectivo generó una fuerte presión inflacionaria, con aumentos de hasta el 12% en cuotas escolares y servicios vinculados a la educación. En paralelo, el sector de indumentaria registró subas cercanas al 5%, mientras que los ajustes en tarifas y el impacto del combustible continúan incidiendo en el costo de vida.
En este escenario, el presidente Javier Milei modificó su proyección respecto a la inflación. El mandatario señaló que su objetivo es eliminarla hacia el final de su gestión, alejándose del plazo inicialmente planteado para 2026.
La persistencia de aumentos en distintos sectores vuelve a generar preocupación tanto en consumidores como en analistas, y plantea interrogantes sobre la posibilidad de alcanzar una desaceleración sostenida en el corto plazo.
El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia este martes y generó fuerte repercusión al asegurar que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país.
A través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, el funcionario explicó que no podía respaldar la actual política exterior vinculada al conflicto en Medio Oriente.
Críticas a la estrategia internacional
En su mensaje, Kent sostuvo que la decisión de avanzar en un conflicto con Irán responde a presiones externas y no a una amenaza directa contra Estados Unidos. Además, afirmó que la situación contradice los principios de política exterior que habían sido promovidos en campañas anteriores.
El ahora exfuncionario también remarcó que, en su visión, las guerras en Medio Oriente implican altos costos humanos y económicos para el país.
Contexto político
Kent había asumido el cargo tras ser confirmado por el Senado en 2025 y mantenía afinidad con la línea política del actual gobierno, aunque en su renuncia dejó en evidencia diferencias en torno a la estrategia internacional.
Su salida se produce en medio de tensiones geopolíticas en la región y abre un nuevo foco de debate dentro de la política estadounidense sobre el rol del país en conflictos internacionales.