Sociedad
El Presidente habla ante la Asamblea Legislativa dando inicio al año parlamentario
Alberto Fernández abre el período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa que es transmitido por cadena nacional. El Presidente será recibido por su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en lo que será el reencuentro entre ambos en medio de las disputas por la estrategia electoral del Frente de Todos.
Entre los presentes, además de funcionarios, gobernadores y representantes de distintos sectores, estarán dos jueces de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Su asistencia al acto estuvo en duda hasta último momento debido al juicio político iniciado en su contra a instancias del Gobierno.
A diferencia de años anteriores, el diputado Máximo Kirchner estaría esta vez en su banca. El líder de La Cámpora coincidieron en la reunión de la mesa política del Frente de Todos en la sede nacional del PJ.
Como titular del Senado, la vicepresidenta oficia de anfitriona y da inicio a la sesión y la cierra. Por esa razón la organización y coordinación está a cargo de la Dirección General de Ceremonial, Protocolo y Audiencias del Senado, que se ocupó del envío y distribución de invitaciones, el ingreso de legisladores e invitados y el recibimiento del Presidente y su trayecto hasta el recinto.
Los diputados nacionales por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, lanzaron fuertes críticas a Alberto Fernández en la previa del discurso por la apertura de sesiones ordinarias. En diálogo con AM750, criticaron que el Gobierno haya convalidado la deuda con el FMI adquirida durante la gestión de Mauricio Macri y reclamaron medidas concretas para paliar el aumento de precios.
“A cuatro años este es un balance de gestión del gobierno del Frente de Todos. Lo central que tienen que desnudar es por qué no cumplieron ninguna de las promesas que dijo hace cuatro años. Entre los bancos y los jubilados, eligió los bancos. Los trabajadores siguieron perdiendo con su salario”, se indignó Bregman.
Además, indicó que “es un gobierno que fracasó”. “No puede seguir excusándose en la pandemia y en la guerra. Hubo decisiones políticas concretas como ratificar la deuda ilegal con el FMI de Macri, que hoy condiciona a toda la economía”, sintetizó Bregman.
Por su parte, Del Caño anticipó que no tiene expectativas en que el discurso esté enfocado en las “mayorías trabajadoras” y exigió “medidas de emergencia para terminar con la inflación”, entre las que mencionó el “aumento del salario y las jubilaciones” para que “nadie esté por debajo de la canasta básica”, y también la “generación de empleo genuino con derechos” y la “reducción de la jornada laboral”.
“Para impulsar estas medidas se necesitan los recursos que se van en pagar la deuda o a sectores como el agro o las automotrices”, remarcó Del Caño.
Desde el Movimiento Evita habían anunciado que no movilizarían, pero finalmente resolvieron que sí lo harán. En esa línea, un referente del espacio, Gildo Onorato, dijo a este diario que “Este miércoles movilizaremos una delegación, por respeto a la investidura presidencial y reconociendo la importancia que tiene la Asamblea Legislativa para la democracia, pero bajo ningún concepto eso significa un aval para la reelección de Alberto Fernández”, explicó Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita, sobre el motivo por el cual ese espacio decidió finalmente manifestarse fuera del Congreso.
Una de las dudas es si el Presidente hablará de la proscripción de su vice. En su entorno no lo confirmaron. Sí dijeron, en cambio, que incluirá una mención especial a los 40 años de democracia ininterrumpida que se cumplen este año.
Las agrupaciones enroladas en el kirchnerismo decidieron no movilizarán al Congreso. Por estos días están enfocadas en la realización del acto del 11 de marzo en el que denunciarán la proscripción de Cristina Kirchner y presentarán “una propuesta de gobierno”.
Este martes el Presidente dio junto a Axel Kicillof un discurso con marcado tono electoral y duras cuestionamientos al macrismo. “Hay algunos que llegaron, blanquearon sus bienes, y se fueron a dar cátedras de ética en la FIFA. Y hay otros que vamos a dejar el Gobierno con el mismo patrimonio con el que llegamos; dejamos todo y no nos llevamos nada”, afirmó. Las críticas podrían repetirse hoy en su exposición ante la Asamblea Legislativa.
El Ejecutivo envió al Congreso 28 proyectos para su debate durante el período de sesiones extraordinarios y casi ninguno fue tratado por el bloque de la oposición. El Presidente lo marcará en su discurso y mencionará las iniciativas con las que insistirá para que sean tratadas en el recinto.
Cuando ingresaba al Congreso, el diputado y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, habló sobre la expectativa que tiene del discurso del Presidente Alberto Fernández y aseguró que no cree que aproveche la ocasión para lanzar su candidatura a la reelección, una versión que había tomado fuerza en las últimas semanas.
Fuente: Pagina 12
El Gobierno nacional volverá a habilitar el ingreso de periodistas a la Casa Rosada a partir de este lunes, luego de una semana de cierre dispuesto por motivos de seguridad. La reapertura será parcial y con acceso limitado a determinados sectores del edificio.
Según se informó oficialmente, los periodistas acreditados podrán retomar su actividad en la sala de prensa, aunque con restricciones en la circulación dentro de la sede gubernamental, donde algunos espacios continuarán acotados.
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana. Hasta el momento, no se confirmó si habrá instancia de preguntas por parte de los periodistas ni la modalidad en caso de habilitarse.
La medida se da tras varios días de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo, en un contexto marcado por restricciones de acceso, cuestionamientos públicos y cruces que generaron preocupación en el ámbito de la comunicación.
Con esta reapertura, el Ejecutivo busca retomar la dinámica habitual de contacto con la prensa, aunque bajo un esquema que, por ahora, mantiene ciertas limitaciones.
Sociedad
Discapacidad en Argentina: entre derechos reconocidos y un sistema que genera incertidumbre
Crecen las denuncias de familias y especialistas ante un proyecto que endurece el acceso a pensiones y modifica el sistema de prestaciones. Advierten sobre un posible retroceso en derechos.
La situación que atraviesan miles de familias de personas con discapacidad en Argentina suma preocupación y tensión frente a los cambios impulsados en el sistema de pensiones y prestaciones. En distintos puntos del país, se repiten testimonios de padres y madres que describen un escenario marcado por demoras, incertidumbre y una creciente dificultad para sostener tratamientos esenciales.
“Crueldad” es el término que se repite en muchos de esos relatos. El desgaste emocional y la sensación de desamparo aparecen como constantes en quienes dependen de políticas públicas para garantizar calidad de vida y continuidad en los cuidados.
En paralelo, la nueva iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, presentada bajo el argumento de combatir irregularidades en las pensiones por invalidez, encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, que ya ingresó en el Senado, propone modificaciones estructurales tanto en el acceso a beneficios como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Uno de los cambios centrales radica en el criterio de acceso a las pensiones. Si bien se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, se deja de lado el enfoque de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se plantea un esquema vinculado exclusivamente a la incapacidad laboral, lo que, según advierten distintos sectores, reduciría significativamente la cantidad de beneficiarios y excluiría a quienes hoy combinan discapacidad con empleo parcial.
Además, la iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier trabajo registrado, a diferencia del régimen vigente que permitía cierta inserción laboral con límites de ingresos. Esta medida podría impactar directamente en los procesos de inclusión y autonomía.
Otro punto sensible es la modificación del sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador nacional que fijaba valores unificados para servicios como terapias, transporte o centros de día. De avanzar, los costos quedarían sujetos a negociaciones entre financiadores y prestadores, generando posibles desigualdades según la cobertura.
También se contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. La falta de actualización de datos podría derivar en la suspensión automática de la prestación, lo que genera preocupación por eventuales exclusiones administrativas.
El rol del Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público que acredita legalmente la condición de discapacidad en todo el territorio nacional. Regulado por la Ley 25.504 y sus modificaciones, permite acceder a derechos y beneficios contemplados en normativas nacionales, provinciales y municipales.
Entre ellos se incluyen cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, acceso a educación, beneficios impositivos y herramientas de inclusión laboral. Su validez no está ligada a la incapacidad laboral, sino a una evaluación integral que contempla factores sociales, educativos y sanitarios.
Especialistas remarcan que discapacidad e incapacidad no son conceptos equivalentes. Mientras la incapacidad laboral refiere a la imposibilidad de trabajar y es determinada por peritajes específicos, el CUD reconoce una condición que puede coexistir con distintos niveles de autonomía.
En medio del debate, organizaciones y referentes del sector advierten que las modificaciones propuestas podrían implicar un cambio de paradigma, alejándose del enfoque de derechos para avanzar hacia un modelo más restrictivo. La discusión, sostienen, trasciende lo técnico y pone en juego el tipo de respuesta que el Estado brinda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Omar Acosta
Activista y Promotor de Derechos de las Personas con Discapacidad
Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos
Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías alternativas)
Neuropsicólogo Clínico – M.N. 1725
Sociedad
Reforma laboral: la Cámara del Trabajo habilitó su aplicación y el Gobierno celebró el fallo
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral. De esta manera, más de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral vuelven a regir de forma provisoria, a la espera de una definición de fondo.
El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”, expresó, tras conocerse la resolución de la Sala VIII del tribunal laboral.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el fallo y aseguró que “rige la ley de modernización laboral”, en referencia a la restitución de los artículos cuestionados.
La resolución judicial implica que la medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda queda suspendida hasta que la Cámara se pronuncie sobre la cuestión de fondo. En su fallo, los camaristas consideraron que no corresponde frenar la vigencia de una norma sancionada por el Congreso Nacional mediante una medida provisoria.
Cabe recordar que la cautelar había sido dictada el pasado 30 de marzo, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reforma.
Frente a esa decisión inicial, el Ejecutivo —a través de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano— impulsó tanto un recurso extraordinario (per saltum) ante la Corte Suprema como la apelación que finalmente fue concedida.
De este modo, el escenario judicial en torno a la reforma laboral continúa abierto, mientras se espera una resolución definitiva sobre su validez constitucional.
