Despido masivo en Granja Tres Arroyos: caen 1.250 cabezas en Buenos Aires y el conflicto explota en la Justicia

Sociedad

El colapso laboral en el sector avícola se hizo realidad. Sin acuerdo en la última audiencia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, Granja Tres Arroyos ratificó los 1.250 despidos en sus plantas de la provincia, una medida comunicada inicialmente en septiembre que ahora quedó completamente en firme tras agotarse la conciliación con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

El impacto territorial es devastador y golpea de lleno a tres comunidades del conurbano y el interior bonaerense: 700 trabajadores afectados en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. La compañía justificó el ajuste en la necesidad de adecuar su estructura al nivel actual de actividad y achacó sus dificultades financieras a problemas de cobranzas y fondos previos a sus presentaciones concursales, rechazando de plano las acusaciones de vaciamiento.

Radiografía del conflicto y el laberinto judicial

El fantasma del pago: Lejos de cerrarse el drama con las desvinculaciones, la gran incógnita pasa por las indemnizaciones. Fuentes sindicales advierten que el cobro dependerá de los tiempos de la justicia comercial bajo los parámetros del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El tablero concursal en el aire: Los concursos preventivos entrelazados de Granja Tres Arroyos SA, WADE SA y Avex SA continúan sin un juez definitivo debido a un conflicto de competencia sobre qué magistrado liderará los expedientes.

Inhibición vigente: Sobre las firmas pesa una inhibición general de bienes ordenada en el marco de una causa por presunto vaciamiento, un cerrojo judicial que complica aún más el horizonte financiero para los exempleados.

El pulso de la crisis

Con la vía administrativa agotada sin soluciones para sostener los puestos, la disputa abandona las oficinas ministeriales y se instala de lleno en los tribunales. Mientras las familias afectadas exigen respuestas urgentes, la justicia comercial deberá ordenar el complejo entramado concursal para definir cómo y cuándo se cancelarán las indemnizaciones en medio de una economía regional que no da tregua.