Sociedad
Ante la gran sequía en Santa Fe, piden que Santiago del Estero abra sus compuertas para que haya un caudal normal del río
Los departamentos del norte de Santa Fe viven momentos desesperantes por la falta de lluvias. “Es una situación que no la vivimos nunca acá», apuntó un referente
La sequía continúa en el norte de Santa Fe y no le da respiro ni salida a los productores. El presidente de la Sociedad Rural de Tostado, Jorge Mercau, en diálogo con Todo en Uno en UNO 106.3 detalló que en esa zona hay entre 3.000 y 4.000 vacas muertas por la falta de agua. La solución más inmediata es que Santiago del Estero abra sus compuertas para que haya un caudal normal del río.
«La situación es desesperante por la sequía, las altas temperaturas y el río Salado que está prácticamente sin agua desde la subniveladora que hay en Tostado hacia el sur. Antes había un convenio de que se respetaban 3 m³ a la altura de Colonia Dora y desgraciadamente tendremos como mucho un metro. Dicen que abrieron un poquito más pero eso se va a notar de acá a dos o tres días», reveló.
El contexto que se está viviendo es muy «grave» porque a 8 o 10 km de Tostado para abajo el río está «completamente seco». Ahora lograron gestionar con el gerente de la Cooperativa de Agua Potable de la localidad la entrega del doble del caudal de agua, «un hilo que es suficiente para salvar a un montón de hacienda». Esto va lento ya que es muy poca presión y poca el agua y «demorará un montón de días para aliviar a los productores».
«La única solución inmediata para un tercio del departamento es que Santiago del Estero abra las compuertas y que tengamos caudal normal y siga el río abajo como tiene que ser, desgraciadamente no hay otra alternativa. Ahí los productores podrían llegar a abastecerse con camiones para otro lado, sería doble el beneficio», detalló.
«Cada día es peor. La última sequía grande que tuvimos fue en 2008, más o menos similar a esta pero creo que esta es peor porque en ese entonces teníamos agua en el río Salado y nos abastecíamos de ahí. Hoy desgraciadamente no tenemos agua ahí y está peligrando no solamente la situación de los productores sino inclusive que Tostado se quede sin agua. Es una lucha de hace un año o tres por la sequía y las pérdidas en hacienda son monstruosas. Entre los tres departamentos del norte, 9 de Julio, Vera y General Obligado debe haber entre 3.000 y 4.000 cabezas muertas seguro. Va a ser terrible para la provincia y para todos los pueblos si esa hacienda se sigue yendo», apuntó Mercau.
El titular de la Sociedad Rural de Tostado, contó: «Antes de que el río se secara por completo habían 600.000 cabezas, pienso que va a terminar con 500.000 o 400.000». Sostuvo que el estado corporal de la hacienda es «muy deficiente», sumado al estrés generado por el calor. Y aseguró, respecto a 2024: «Va a haber una merma de terneros impresionante porque esas vacas no se van a volver a preñar, calculamos que puede llegar a haber un 30% de preñez, un desastre total».
«Si no llueve de acá a 10, 15 o 20 días se van a terminar vendiendo las vacas para pagar el agua así que es muy alarmante. Es una situación que no la vivimos nunca acá», apuntó. Por otro lado, Mercau señaló que hay un convenio entre Salta, Santiago del Estero y Santa Fe que no se cumple y por esos se dan problemas de agua en la zona.
El referente del sector dio a conocer que se perdió completo el trigo; el maíz de primera se secó, se comió y el que pudo lo arrolló; se sembró el algodón pero ya se está secando; y lo mismo ocurre con la soja. «Si no llueve esta semana se pierde todo, esa es la realidad», cerró.
UNO Santa Fe
El Gobierno nacional volverá a habilitar el ingreso de periodistas a la Casa Rosada a partir de este lunes, luego de una semana de cierre dispuesto por motivos de seguridad. La reapertura será parcial y con acceso limitado a determinados sectores del edificio.
Según se informó oficialmente, los periodistas acreditados podrán retomar su actividad en la sala de prensa, aunque con restricciones en la circulación dentro de la sede gubernamental, donde algunos espacios continuarán acotados.
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana. Hasta el momento, no se confirmó si habrá instancia de preguntas por parte de los periodistas ni la modalidad en caso de habilitarse.
La medida se da tras varios días de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo, en un contexto marcado por restricciones de acceso, cuestionamientos públicos y cruces que generaron preocupación en el ámbito de la comunicación.
Con esta reapertura, el Ejecutivo busca retomar la dinámica habitual de contacto con la prensa, aunque bajo un esquema que, por ahora, mantiene ciertas limitaciones.
Sociedad
Discapacidad en Argentina: entre derechos reconocidos y un sistema que genera incertidumbre
Crecen las denuncias de familias y especialistas ante un proyecto que endurece el acceso a pensiones y modifica el sistema de prestaciones. Advierten sobre un posible retroceso en derechos.
La situación que atraviesan miles de familias de personas con discapacidad en Argentina suma preocupación y tensión frente a los cambios impulsados en el sistema de pensiones y prestaciones. En distintos puntos del país, se repiten testimonios de padres y madres que describen un escenario marcado por demoras, incertidumbre y una creciente dificultad para sostener tratamientos esenciales.
“Crueldad” es el término que se repite en muchos de esos relatos. El desgaste emocional y la sensación de desamparo aparecen como constantes en quienes dependen de políticas públicas para garantizar calidad de vida y continuidad en los cuidados.
En paralelo, la nueva iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, presentada bajo el argumento de combatir irregularidades en las pensiones por invalidez, encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, que ya ingresó en el Senado, propone modificaciones estructurales tanto en el acceso a beneficios como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Uno de los cambios centrales radica en el criterio de acceso a las pensiones. Si bien se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, se deja de lado el enfoque de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se plantea un esquema vinculado exclusivamente a la incapacidad laboral, lo que, según advierten distintos sectores, reduciría significativamente la cantidad de beneficiarios y excluiría a quienes hoy combinan discapacidad con empleo parcial.
Además, la iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier trabajo registrado, a diferencia del régimen vigente que permitía cierta inserción laboral con límites de ingresos. Esta medida podría impactar directamente en los procesos de inclusión y autonomía.
Otro punto sensible es la modificación del sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador nacional que fijaba valores unificados para servicios como terapias, transporte o centros de día. De avanzar, los costos quedarían sujetos a negociaciones entre financiadores y prestadores, generando posibles desigualdades según la cobertura.
También se contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. La falta de actualización de datos podría derivar en la suspensión automática de la prestación, lo que genera preocupación por eventuales exclusiones administrativas.
El rol del Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público que acredita legalmente la condición de discapacidad en todo el territorio nacional. Regulado por la Ley 25.504 y sus modificaciones, permite acceder a derechos y beneficios contemplados en normativas nacionales, provinciales y municipales.
Entre ellos se incluyen cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, acceso a educación, beneficios impositivos y herramientas de inclusión laboral. Su validez no está ligada a la incapacidad laboral, sino a una evaluación integral que contempla factores sociales, educativos y sanitarios.
Especialistas remarcan que discapacidad e incapacidad no son conceptos equivalentes. Mientras la incapacidad laboral refiere a la imposibilidad de trabajar y es determinada por peritajes específicos, el CUD reconoce una condición que puede coexistir con distintos niveles de autonomía.
En medio del debate, organizaciones y referentes del sector advierten que las modificaciones propuestas podrían implicar un cambio de paradigma, alejándose del enfoque de derechos para avanzar hacia un modelo más restrictivo. La discusión, sostienen, trasciende lo técnico y pone en juego el tipo de respuesta que el Estado brinda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Omar Acosta
Activista y Promotor de Derechos de las Personas con Discapacidad
Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos
Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías alternativas)
Neuropsicólogo Clínico – M.N. 1725
Sociedad
Reforma laboral: la Cámara del Trabajo habilitó su aplicación y el Gobierno celebró el fallo
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral. De esta manera, más de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral vuelven a regir de forma provisoria, a la espera de una definición de fondo.
El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”, expresó, tras conocerse la resolución de la Sala VIII del tribunal laboral.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el fallo y aseguró que “rige la ley de modernización laboral”, en referencia a la restitución de los artículos cuestionados.
La resolución judicial implica que la medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda queda suspendida hasta que la Cámara se pronuncie sobre la cuestión de fondo. En su fallo, los camaristas consideraron que no corresponde frenar la vigencia de una norma sancionada por el Congreso Nacional mediante una medida provisoria.
Cabe recordar que la cautelar había sido dictada el pasado 30 de marzo, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reforma.
Frente a esa decisión inicial, el Ejecutivo —a través de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano— impulsó tanto un recurso extraordinario (per saltum) ante la Corte Suprema como la apelación que finalmente fue concedida.
De este modo, el escenario judicial en torno a la reforma laboral continúa abierto, mientras se espera una resolución definitiva sobre su validez constitucional.
