Región
ALQUILERES: ¿QUÉ PASA CON LOS CONTRATOS FIRMADOS SI SE SUSPENDE LA LEY VIGENTE?
Mucho ruido en el mercado inmobiliario luego de que trascendiera que el Gobierno nacional pondría punto final a la polémica Ley de Alquileres que entró en vigencia desde julio de 2020. Este anuncio trajo incertidumbre y por el momento se especula con los posibles cambios: por estas horas suena que los futuros acuerdos volverían a tener una duración de dos años y que los aumentos se pactarían en forma semestral y libres entre las partes intervinientes.
Para los quienes buscan una vivienda para alquilar, o los que tienen que renovar su contrato, es una noticia que trae dudas, pero quienes deben mudarse deberían saber, por el momento, todo lo firmado en los contratos vigentes y hasta su vencimiento, seguirá igual. Así, los acuerdos son a tres años y con ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central.
Los cambios que se estudian llegarían una vez que el Gobierno nacional, o el Congreso, resuelvan las medidas para los futuros contratos, y desde el segmento inmobiliario estiman que sería a partir de mayo próximo, publicó
Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), comentó a Infobae que “si la normativa se suspende por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no sabemos si causará un buen efecto para los inquilinos. La modificación de la normativa puede ser una salida y ojalá no todo se derogue, porque hay temas de garantías, contratos a tres años y depósito de un sólo mes al inicio del acuerdo que son medidas buenas para el inquilino”.
Expertos coinciden que es clave (incluso para los inquilinos) reformular el método de ajuste, porque es perjudicial para cualquier bolsillo. Hay que tener presente que desde que sancionó la ley los precios en CABA, Rosario y Córdoba subieron entre 320% y 330 por ciento. En Neuquén, por caso, los aumentos superaron el 306% en 33 meses consecutivos.
Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), comentó a Infobae que “volver a una Ley anterior donde los acuerdos se regían por el Código Civil y Comercial de la Nación sería lo ideal en vez de hacer un nuevo esquema. Nuestra gran preocupación es cómo hacer la indexación, pero según usos y costumbres antes se hacían aumentos escalonados en donde se reflejaba la inflación y el mercado lo toleraba. Pero aún falta información y no estamos seguros de cuales serían los cambios que quiere introducir el Gobierno nacional”
Qué tienen que saber los inquilinos
Hasta que no se decida lo contrario, los inquilinos deben saber que para la actualización de su contrato se aplica una fórmula de indexación. Para calcular el aumento se consulta el ICL que publica el Banco Central y que contempla por partes iguales la variación de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC del Indec) y de los salarios según Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
“Supongamos que si se anula el artículo 14 de la actual ley, que las partes vuelvan a pactar libremente el precio. En este momento sería un descontrol, y tal vez miles de propietarios apliquen valores exorbitantes por lo cual sería peor”, dijo Botana.
Para los contratos que vengan, se está estudiando que en la suspensión se detalle el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.
Por lo trascendido, desde Economía analizan que en los contratos vigentes se siga aplicando la ley actual (que se suspendería en breve), ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley y en relación con los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua forma a través del Código Civil y Comercial. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podría ser negociada libremente por las partes.
Más opiniones
Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires (CIBA), aseguró que hay muy poca en oferta en La Plata, por ejemplo. “Hay reservas tomadas según cuentan nuestros colegas pero esto empezó a agitarse mucho. Y hay consultas de propietarios que también creen que esto no podría modificarse así con un DNU”.
Y con respecto a los inquilinos, detalló que es importante que quien esté por firmar el acuerdo lo haga según la ley vigente. “Pero también es verdad que esta incertidumbre le pone un cierto freno al mercado en general”, añadió Líbera.
Se genera cierta fragilidad en el mercado. Y muchos sostienen que luego de este anuncio habrá mayor inquietud hasta que todo se aclare.
Daniel Bryn, experto del sector y que realiza Monitor Inmobiliario, comentó a Infobae que “todos los que hicieron su reserva, presentaron los papeles en regla y garantías, continuarán con su contrato. Porque la gente necesita tener su hogar en donde vivir y estas cuestiones que genera la política argentina no hacen más que confundir. Hay muchas familias jóvenes que se les vencieron su contrato entre fin de marzo y ahora y no saben adonde ir”.
Mientras que Germán Matienzo, miembro de la agrupación Propietarios Unidos de Argentina, destacó: “Que se derogue la Ley de Alquileres y se vuelva al Código Civil y Comercial sería lo ideal. El tema es que no haya nada malo por detrás y que no congelen precios o eviten desalojos por no pago. Muchos propietarios tienen miedo y falta confianza, y aunque se vuelva para atrás los cambios a favor no se verán de inmediato. Que se entienda bien: los propietarios queremos alquilar la vivienda, pero la cuestión es generar cambios y que sean equilibrados para todas las partes que firman un acuerdo”.
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Concordia concentra la mitad de las causas por narcomenudeo en Entre Ríos y lidera las estadísticas judiciales en 2025
Con 261 expedientes iniciados durante 2025, Concordia volvió a posicionarse como el principal foco de causas por narcomenudeo en Entre Ríos, concentrando poco más del 50% de las investigaciones judicializadas en toda la provincia. Así lo revela un informe elaborado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, que contabilizó un total de 520 causas iniciadas en los tribunales entrerrianos.
Las cifras reflejan la magnitud que alcanzó el fenómeno en la región y exponen una realidad que preocupa a magistrados y operadores judiciales: el narcomenudeo ya no responde a un perfil social determinado y se extiende a distintos sectores de la sociedad.
Un fenómeno cada vez más extendido
En diálogo con el programa Cuestión de Fondo, los jueces de Garantías de Paraná, Pablo Zoff y Mariano Budasoff, analizaron el impacto de la Ley de Narcomenudeo a casi ocho años de su implementación en Entre Ríos.
Zoff explicó que la provincia asumió la competencia para investigar la comercialización minorista de drogas, conocida comúnmente como la actividad de los “kioscos” de venta de estupefacientes. En ese marco, las fiscalías realizan tareas de vigilancia, reúnen pruebas, solicitan allanamientos y promueven medidas cautelares para avanzar en las investigaciones.
Según indicó el magistrado, una importante cantidad de expedientes concluye mediante juicios abreviados debido a la solidez de las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa.
Cambió el perfil de los imputados
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los jueces es la transformación en las características de las personas involucradas en este tipo de delitos.
“Antes predominaban personas jóvenes y de sectores vulnerables. Hoy observamos una realidad mucho más diversa”, señaló Budasoff, quien remarcó que actualmente aparecen imputados de distintas edades, incluyendo adultos mayores, así como integrantes de sectores medios.
El magistrado sostuvo que el narcomenudeo parece haberse convertido para algunos en una alternativa de subsistencia económica, independientemente de su condición social.
Falta de conciencia sobre las consecuencias penales
Los jueces también coincidieron en que muchas personas que terminan procesadas por comercialización de drogas no dimensionan la gravedad de los delitos que cometen.
“Pareciera que no habían tomado conciencia de las consecuencias legales de sus actos”, afirmó Zoff, al recordar que estos delitos contemplan penas de cumplimiento efectivo y no permiten, en la mayoría de los casos, acceder a condenas condicionales.
Budasoff agregó que existe un importante desconocimiento respecto al funcionamiento del sistema judicial y aclaró que muchas veces la sociedad interpreta erróneamente medidas como la prisión domiciliaria, creyendo que los acusados recuperan la libertad cuando en realidad continúan sometidos al proceso penal.
Más condenas y presión sobre las cárceles
El crecimiento sostenido de las causas por narcomenudeo también genera un fuerte impacto en el sistema penitenciario provincial.
Según explicó Budasoff, las condenas por estos delitos suelen ser relativamente cortas, pero el ingreso constante de nuevos detenidos provoca una presión permanente sobre las unidades penales.
“El flujo entre ingresos y egresos no logra equilibrarse, generando una ocupación sostenida en las cárceles”, advirtió.
Concordia, ampliamente al frente
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la jurisdicción Concordia-San Salvador encabezó el ranking provincial con 261 causas iniciadas durante 2025. Muy por detrás se ubicaron Gualeguaychú e Islas con 85 expedientes y Paraná con 30.
Además, Concordia también lideró las resoluciones en los Tribunales de Juicio, donde se tramitaron 50 de las 119 causas resueltas en toda la provincia.
Entre los delitos más frecuentes aparece la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que acumuló 217 expedientes, seguida por la tenencia simple con 111 causas y el comercio de estupefacientes con 88.
En cuanto a las condenas dictadas, casi la mitad correspondió a tenencia con fines de comercialización, consolidando a esta figura como la más recurrente dentro de los procesos judiciales vinculados al narcomenudeo.
Los datos oficiales y el análisis de los magistrados coinciden en una conclusión: el narcomenudeo continúa expandiéndose en Entre Ríos, adopta perfiles cada vez más diversos y mantiene a Concordia como el principal epicentro de esta problemática dentro del sistema judicial provincial.
Local
Enrique Cresto reaparece en la escena política y deja definiciones clave sobre Concordia, el PJ y su futuro electoral
El exintendente confirmó su intención de competir por la Gobernación en 2027, analizó la situación económica de Concordia, cuestionó al gobierno provincial y habló sobre la reconstrucción del peronismo entrerriano.
Luego de un prolongado período alejado de la primera línea política, el diputado provincial y exintendente de Concordia, Enrique Tomás Cresto, volvió a ocupar el centro del debate público con una serie de definiciones que marcan el inicio de una nueva etapa dentro del escenario político entrerriano.
En una extensa entrevista televisiva, Cresto abordó temas vinculados a la actualidad económica y social de Concordia, la situación interna del Partido Justicialista, las causas judiciales que involucran a dirigentes peronistas y las perspectivas electorales de cara a 2027. Además, dejó en claro cuál es su principal objetivo político para los próximos años: llegar a la Gobernación de Entre Ríos.
Su salud y el regreso a la actividad pública
El dirigente explicó que gran parte de su bajo perfil durante 2024 y 2025 estuvo relacionado con una cuestión de salud. Reveló que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn, una patología autoinmune que logró estabilizar mediante tratamiento médico.
Según relató, actualmente lleva una vida activa y retomó sus rutinas deportivas habituales, realizando diariamente actividades como ciclismo y natación, situación que le permitió regresar plenamente a la actividad política.
La situación de Concordia y la crisis económica
Al analizar la realidad de la capital del citrus, Cresto sostuvo que la ciudad atraviesa un contexto complejo producto del actual modelo económico nacional, especialmente por el impacto que genera en las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, destacó el potencial productivo y económico de Concordia, a la que definió como uno de los principales motores de la región mesopotámica. En ese sentido, remarcó que continúa siendo un polo de atracción laboral para habitantes del norte entrerriano y del sur correntino que buscan oportunidades de empleo.
El exintendente aseguró que la ciudad mantiene una importante capacidad de movilidad social gracias a sectores productivos como la citricultura, la actividad forestal, los arándanos, la nuez pecán y diversas industrias vinculadas al desarrollo regional.
“Concordia sigue siendo una ciudad peronista”
Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue su afirmación respecto de la identidad política de la ciudad.
Cresto sostuvo que, pese a la derrota electoral de 2023, el peronismo mantiene una fuerte presencia territorial y una estrecha vinculación con sectores sociales que históricamente acompañaron sus gestiones.
Atribuyó parte del resultado electoral a errores estratégicos durante la campaña provincial y consideró que la falta de presencia constante de algunos candidatos en Concordia terminó afectando el desempeño del justicialismo en las urnas.
La reconstrucción del Partido Justicialista
Respecto del presente del PJ entrerriano, el legislador afirmó que el espacio atraviesa una etapa de reorganización y reflexión, con el objetivo de reconstruir vínculos con la sociedad y elaborar una propuesta renovada para los próximos desafíos electorales.
En ese marco, mencionó a diversos dirigentes que podrían desempeñar roles importantes en el armado opositor hacia 2027 y aseguró que existen conversaciones permanentes entre distintos sectores del peronismo para construir una alternativa competitiva.
Críticas al gobierno de Rogelio Frigerio
Durante la entrevista también formuló cuestionamientos hacia la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Si bien reconoció haber mantenido una buena relación institucional con el actual mandatario durante su paso por el Ministerio del Interior de la Nación, consideró que desde su llegada al Ejecutivo provincial no se produjeron las transformaciones estructurales que habían sido prometidas durante la campaña.
Asimismo, cuestionó la forma en que se impulsó la reforma previsional y advirtió sobre la falta de diálogo político entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición.
Las causas judiciales y la defensa del peronismo
Consultado sobre las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes justicialistas, Cresto sostuvo que existe una mirada desigual por parte de algunos sectores sobre los distintos casos que se tramitan en la Justicia.
Si bien evitó realizar defensas jurídicas específicas, consideró que debe diferenciarse la evaluación de determinadas causas de los resultados de gestión que tuvieron los gobiernos provinciales encabezados por referentes del peronismo.
También se refirió a la denominada “causa de los contratos” de la Legislatura entrerriana, negando irregularidades durante el período en que estuvo al frente del bloque justicialista y asegurando que todas las personas vinculadas a esos contratos cumplían funciones concretas.
La definición que proyecta el escenario electoral de 2027
Sobre el cierre de la entrevista llegó la frase que rápidamente generó repercusiones dentro del ámbito político provincial.
Ante la consulta sobre sus aspiraciones futuras, Enrique Cresto fue directo y no dejó lugar a interpretaciones:
“Sí, quiero ser gobernador de Entre Ríos”.
No obstante, aclaró que en política las aspiraciones personales deben estar acompañadas por las condiciones necesarias para concretarlas y remarcó que el desafío inmediato pasa por reconstruir una propuesta política capaz de volver a conectar con las demandas de la sociedad.
Con estas declaraciones, el exintendente de Concordia volvió a posicionarse en el tablero político entrerriano y dejó abierta una discusión que seguramente marcará buena parte de la agenda partidaria de cara a las elecciones de 2027
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Aumentan los peajes en la Ruta 14: cuáles serán las nuevas tarifas en Colonia Elía, Yeruá y Piedritas desde el 13 de junio
La concesionaria Autovía del Mercosur informó que desde las 0 horas del sábado 13 de junio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Ruta Nacional 14 y el primer tramo del corredor en la provincia de Corrientes.
La actualización contempla un incremento promedio del 16,7% y alcanzará a todas las categorías de vehículos que circulan por el denominado Tramo Oriental de la Autovía del Mercosur.
Según detalló la empresa, los usuarios adheridos al sistema TelePASE continuarán accediendo a valores diferenciados respecto de quienes opten por el pago manual electrónico. En la Categoría 1, correspondiente a automóviles, la tarifa será de $2.232,74 mediante TelePASE, mientras que ascenderá a $4.465,48 para quienes abonen de forma manual.
Para las categorías 2 y 3, el nuevo valor será de $4.465,48 con TelePASE y de $8.930,96 con pago manual electrónico. En tanto, los vehículos de Categoría 4 deberán abonar $6.698,22 en la modalidad automática y $13.396,44 en la modalidad manual.
Por su parte, las categorías 5 y 6 pasarán a pagar $8.930,96 a través de TelePASE y $17.861,92 mediante el sistema de pago manual electrónico.
Desde la concesionaria indicaron que los nuevos importes comenzarán a aplicarse de manera simultánea en las tres estaciones de peaje, en el marco de la actualización tarifaria autorizada para el corredor vial.
Nuevas tarifas
TelePASE
- Categoría 1: $2.232,74
- Categorías 2 y 3: $4.465,48
- Categoría 4: $6.698,22
- Categorías 5 y 6: $8.930,96
Pago manual electrónico
- Categoría 1: $4.465,48
- Categorías 2 y 3: $8.930,96
- Categoría 4: $13.396,44
- Categorías 5 y 6: $17.861,92
La medida impactará en miles de usuarios que diariamente transitan por la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de conexión del litoral argentino para el transporte de pasajeros, el turismo y la actividad logística.
