El Ministerio de Salud confirmó 32 contagios en tres provincias y advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor. Preocupa la baja cobertura de vacunación en niños menores de 5 años.
. El Ministerio de Salud de la Nación volvió a encender las alarmas ante un preocupante aumento de casos de sarampión en el país. Según datos oficiales, ya se confirmaron 32 casos distribuidos en cuatro brotes activos en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y San Luis, mientras que más de 500 casos adicionales están siendo analizados debido a su complejidad epidemiológica.
. La cartera sanitaria nacional advirtió que, si bien hay 2. 038 notificaciones registradas en lo que va del año, alrededor de 500 de estos casos permanecen bajo investigación y aún no pudieron ser clasificados, lo que hace temer que la cantidad real de contagios sea significativamente mayor. Así lo informó la agencia Noticias Argentinas.
. Frente a esta situación, se tomaron dos medidas clave. Por un lado, se conformó una comisión especial que se reunirá periódicamente para analizar cada caso y determinar si corresponde a sarampión. Desde el Ministerio señalaron que los casos confirmados por este comité se irán sumando semanalmente al Boletín Epidemiológico Nacional.
. Por otro lado, el propio ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, realizó un contundente llamado a través de su cuenta oficial en la red social X. “¡Vacuná a tu hijo contra el sarampión, ya!”, escribió, en un mensaje que refleja la creciente preocupación por el avance del virus. En ese contexto, recordó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también manifestó alarma por la reaparición de brotes en países como Canadá, Estados Unidos y México, y advirtió que Argentina “no está exenta” de esta amenaza.
. Uno de los datos más preocupantes que compartió Lugones tiene que ver con el nivel de vacunación: “Más de 620 mil niños de entre 6 meses y 4 años y 11 meses que residen en el AMBA forman parte de la población objetivo. Hasta el momento, solo el 20,4% ha recibido la vacuna”. El ministro subrayó que esta tendencia a la baja en la cobertura se arrastra desde hace años y llamó a revertirla de manera urgente.
. En las últimas horas, el Ministerio de Salud bonaerense detalló los focos registrados en el Conurbano, con casos en Florencio Varela (4), Quilmes (5), Berazategui (2), Presidente Perón (1), Almirante Brown (3), Avellaneda (1), Lanús (1) y Moreno (1). También se informaron dos contagios en personas con residencia transitoria en Vicente López que luego se establecieron en la Ciudad de Buenos Aires.
. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, especialmente peligrosa para los menores de 5 años. Puede causar severas complicaciones respiratorias y neurológicas, incluso años después del episodio agudo. Cada persona infectada puede transmitir el virus a entre 16 y 18 personas, lo que subraya la importancia de contar con una cobertura de vacunación adecuada para frenar su propagación.
. Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la herramienta más efectiva para evitar un brote de mayores proporciones, y reiteran su llamado urgente a la población para completar los esquemas de inmunización.
. Medio de comunicación digital de Concordia,
El Gobierno nacional volverá a habilitar el ingreso de periodistas a la Casa Rosada a partir de este lunes, luego de una semana de cierre dispuesto por motivos de seguridad. La reapertura será parcial y con acceso limitado a determinados sectores del edificio.
Según se informó oficialmente, los periodistas acreditados podrán retomar su actividad en la sala de prensa, aunque con restricciones en la circulación dentro de la sede gubernamental, donde algunos espacios continuarán acotados.
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana. Hasta el momento, no se confirmó si habrá instancia de preguntas por parte de los periodistas ni la modalidad en caso de habilitarse.
La medida se da tras varios días de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo, en un contexto marcado por restricciones de acceso, cuestionamientos públicos y cruces que generaron preocupación en el ámbito de la comunicación.
Con esta reapertura, el Ejecutivo busca retomar la dinámica habitual de contacto con la prensa, aunque bajo un esquema que, por ahora, mantiene ciertas limitaciones.
Crecen las denuncias de familias y especialistas ante un proyecto que endurece el acceso a pensiones y modifica el sistema de prestaciones. Advierten sobre un posible retroceso en derechos.
La situación que atraviesan miles de familias de personas con discapacidad en Argentina suma preocupación y tensión frente a los cambios impulsados en el sistema de pensiones y prestaciones. En distintos puntos del país, se repiten testimonios de padres y madres que describen un escenario marcado por demoras, incertidumbre y una creciente dificultad para sostener tratamientos esenciales.
“Crueldad” es el término que se repite en muchos de esos relatos. El desgaste emocional y la sensación de desamparo aparecen como constantes en quienes dependen de políticas públicas para garantizar calidad de vida y continuidad en los cuidados.
En paralelo, la nueva iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, presentada bajo el argumento de combatir irregularidades en las pensiones por invalidez, encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, que ya ingresó en el Senado, propone modificaciones estructurales tanto en el acceso a beneficios como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Uno de los cambios centrales radica en el criterio de acceso a las pensiones. Si bien se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, se deja de lado el enfoque de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se plantea un esquema vinculado exclusivamente a la incapacidad laboral, lo que, según advierten distintos sectores, reduciría significativamente la cantidad de beneficiarios y excluiría a quienes hoy combinan discapacidad con empleo parcial.
Además, la iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier trabajo registrado, a diferencia del régimen vigente que permitía cierta inserción laboral con límites de ingresos. Esta medida podría impactar directamente en los procesos de inclusión y autonomía.
Otro punto sensible es la modificación del sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador nacional que fijaba valores unificados para servicios como terapias, transporte o centros de día. De avanzar, los costos quedarían sujetos a negociaciones entre financiadores y prestadores, generando posibles desigualdades según la cobertura.
También se contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. La falta de actualización de datos podría derivar en la suspensión automática de la prestación, lo que genera preocupación por eventuales exclusiones administrativas.
El rol del Certificado Único de Discapacidad El CUD es un documento público que acredita legalmente la condición de discapacidad en todo el territorio nacional. Regulado por la Ley 25.504 y sus modificaciones, permite acceder a derechos y beneficios contemplados en normativas nacionales, provinciales y municipales.
Entre ellos se incluyen cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, acceso a educación, beneficios impositivos y herramientas de inclusión laboral. Su validez no está ligada a la incapacidad laboral, sino a una evaluación integral que contempla factores sociales, educativos y sanitarios.
Especialistas remarcan que discapacidad e incapacidad no son conceptos equivalentes. Mientras la incapacidad laboral refiere a la imposibilidad de trabajar y es determinada por peritajes específicos, el CUD reconoce una condición que puede coexistir con distintos niveles de autonomía.
En medio del debate, organizaciones y referentes del sector advierten que las modificaciones propuestas podrían implicar un cambio de paradigma, alejándose del enfoque de derechos para avanzar hacia un modelo más restrictivo. La discusión, sostienen, trasciende lo técnico y pone en juego el tipo de respuesta que el Estado brinda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Omar Acosta Activista y Promotor de Derechos de las Personas con Discapacidad Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías alternativas) Neuropsicólogo Clínico – M.N. 1725
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral. De esta manera, más de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral vuelven a regir de forma provisoria, a la espera de una definición de fondo.
El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”, expresó, tras conocerse la resolución de la Sala VIII del tribunal laboral.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el fallo y aseguró que “rige la ley de modernización laboral”, en referencia a la restitución de los artículos cuestionados.
La resolución judicial implica que la medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda queda suspendida hasta que la Cámara se pronuncie sobre la cuestión de fondo. En su fallo, los camaristas consideraron que no corresponde frenar la vigencia de una norma sancionada por el Congreso Nacional mediante una medida provisoria.
Cabe recordar que la cautelar había sido dictada el pasado 30 de marzo, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reforma.
Frente a esa decisión inicial, el Ejecutivo —a través de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano— impulsó tanto un recurso extraordinario (per saltum) ante la Corte Suprema como la apelación que finalmente fue concedida.
De este modo, el escenario judicial en torno a la reforma laboral continúa abierto, mientras se espera una resolución definitiva sobre su validez constitucional.