El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que propone una modificación profunda del sistema de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. Aunque la iniciativa se presenta como una herramienta para combatir irregularidades, introduce cambios estructurales que implican mayores requisitos, controles más estrictos y una posible reducción en la cobertura.
Un cambio de enfoque
Hasta ahora, la política de discapacidad en Argentina avanzaba —con limitaciones— hacia un modelo orientado a la ampliación de derechos, incorporando no solo criterios médicos sino también factores sociales.
El nuevo proyecto plantea un giro en esa lógica. Propone un esquema más restrictivo, con redefinición de beneficiarios, mayores exigencias de acceso y un énfasis en la verificación previa. En la práctica, el sistema deja de priorizar la inclusión y pasa a centrarse en el control.
El eje en el gasto público
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es su impacto fiscal. Medidas como el reempadronamiento obligatorio, la posibilidad de suspender pensiones de forma preventiva y la revisión de beneficios adicionales apuntan a reducir el gasto estatal.
En este sentido, el proyecto se enmarca en la política económica del Gobierno, que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la expansión de programas sociales.
Cambios previstos
De aprobarse la ley, el sistema incorporaría modificaciones concretas:
- Reinscripción obligatoria para mantener la pensión
- Posibles suspensiones ante inconsistencias administrativas
- Haber equivalente al 70% de la jubilación mínima
- Incompatibilidad entre empleo formal y percepción del beneficio
Este último punto genera especial preocupación: quienes accedan a un trabajo registrado perderían automáticamente la pensión.
Inclusión laboral en debate
La incompatibilidad entre empleo y beneficio abre un dilema para las personas con discapacidad: optar entre insertarse en el mercado laboral o conservar la asistencia estatal.
Especialistas advierten que esta medida podría desalentar la inclusión laboral y reforzar la dependencia del sistema, en lugar de promover autonomía.
Cambios en salud y prestaciones
El proyecto también introduce modificaciones en el esquema de prestaciones de salud. La eliminación del nomenclador —que establece valores de referencia— y la habilitación de acuerdos individuales entre financiadores y prestadores podrían generar un sistema más flexible, aunque con mayor heterogeneidad.
Entre los posibles efectos se mencionan:
- Diferencias en la calidad de atención
- Menor previsibilidad para profesionales
- Dificultades en el acceso a determinados tratamientos
Un debate abierto
La iniciativa abre una discusión de fondo en el ámbito legislativo y social: si la discapacidad debe abordarse como un derecho garantizado por el Estado o como un sistema sujeto a control del gasto.
El proyecto ya ingresó al Congreso y comenzará su tratamiento en las próximas semanas. La discusión no solo será técnica, sino también política, ya que definirá el alcance de la protección social para uno de los sectores más vulnerables.
Síntesis
Más allá de su enfoque en la fiscalización, la propuesta plantea un cambio de paradigma:
- De ampliación de derechos a mayor control
- De inclusión a criterios más restrictivos
- De cobertura amplia a un sistema más selectivo
Su impacto final dependerá del debate legislativo y de las modificaciones que puedan surgir durante su tratamiento.
