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Salto Grande: Nación le debe a la C.T.M. unos 1400 millones de pesos

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El Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SIATRASAG) denuncia que el Ministerio de Economía de Nación le debe a CTM Salto Grande una suma que ronda los 1400 millones de pesos en concepto de costos operativos y mantenimiento, dicho importe era el actual a la semana pasada. Según se informó a DIARIOJUNIO, Salto Grande, que agotó el fondo de reserva creado por la resolución N° 1392/2010 de la secretaría de Energía durante el transcurso del año 2022 para cubrir los gastos corrientes, eventualidades, y el pago de sueldos, ahora debe recurrir a recortes, malabares y la postergación de tareas de mantenimiento para cubrir los costos de su funcionamiento. Desde el sindicato, recordaron que fue gracias al excelente funcionamiento de la central y del cuadrilátero de transmisión que se pudo energizar y estabilizar el sistema eléctrico argentino en los dos últimos incidentes importantes -El Gran Apagón de 2019, el Día del Padre, y el pasado 1 de marzo-. También advierten que, de continuar esta situación, el complejo hidroeléctrico puede no estar en condiciones de responder ante un nuevo evento de similares características.

La secretaría de Energía fija los precios, CAMMESA es quien planifica los despachos y registra lo generado, armando la transacción económica, luego el ministerio de Economía, a través de Hacienda, es el que libera los pagos que ENARSA hace efectivos. Hasta la semana pasada a Salto Grande se le debía una suma superior a los 1400 millones de pesos en lo que hace a su presupuesto de funcionamiento.

Salto Grande, que genera varias veces más de lo que cuesta mantenerla funcionando se le pagan 2 dólares el megavatio/hora generado, mientras que el valor promedio de mercado ronda los 90 dólares, hoy no estaría recibiendo ni eso. Lo que está detallado explícitamente en el artículo N° 37, de la ley 24065.

Los dos últimos incidentes graves, el Día del Padre de 2019 y el pasado 1 de marzo, fueron subsanados desde Salto Grande, por acción de la Central hidroeléctrica y las 4 subestaciones que componen un cuadrilátero de casi 450 km de línea. Desde allí se pudo estabilizar y levantar el sistema eléctrico a más de medio país, incluso en la República Oriental del Uruguay.

Ahora, el Sindicato de Trabajadores Argentinos de Salto Grande denuncia una deuda millonaria que el estado nacional mantiene con CTM: “No podríamos asegurar que se trata de una desfinanciación, pero tiene todas las características. Esto puede afectar la operatividad de todo el complejo y del sistema eléctrico en general porque Salto Grande no solo es proveedor de energía, sino que, lo más significativo, es la única hidroeléctrica que regula la frecuencia eléctrica”, expresó el secretario general del Sindicato Argentino de Salto Grande, Sergio Benitez.

Salto Grande agotó en 2022 -para cubrir los gastos corrientes, eventualidades, y el pago de sueldos- el fondo de reserva creado por la resolución N°1392 que emitió la secretaría de Energía en 2010.

En caso de volver a ocurrir un evento grave, si esta situación se prolonga, puede pasar que Salto Grande no esté en condiciones para operar. “Un corte que se resolvió en minutos, podría tardar días la próxima vez”, alertó con preocupación Sergio Benítez, representante de las trabajadoras y trabajadores hidroeléctricos.

“Estos ajustes llevan a recortar gastos operativos del personal, compra de repuestos, insumos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento de la central, las subestaciones y el cuadrilátero en toda su dimensión. Con el consecuente perjuicio a los proveedores de la región”, apuntó.

“Se trata de un complejo que ya tiene 40 años, si bien ha sido siempre bien mantenido y hay un plan de 500 millones de dólares para ponerlo en valor y extender su utilidad, es una realidad que estos equipos están llegando al final de la vida útil, y renovarlos lleva tiempo y se realiza por etapas que llevan años. Mientras tanto, hoy el estado le está dando a Salto Grande menos de lo que necesita para operar, están jugando a la ruleta rusa con el sistema eléctrico y con la seguridad de las poblaciones costeras”, señaló.

“Hay que salir a decir esto ahora porque el sistema eléctrico está al límite, pendiente de un hilo, porque hay mucho consumo, lo vimos este verano, la generación no alcanza y la distribución tampoco. La verdad que es un poco confuso lo que sucede: Por un lado, se habla de la generación de energía como motor de la economía y el desarrollo, y tras los reiterados cortes de luz que se dieron en diferentes zonas del país durante las olas de calor, la Secretaría de Energía de la Nación informó que existen 54 obras de transporte y distribución eléctrica en marcha que se encuentran ejecutándose en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, pero -por otro lado- asfixian a la gallina de los huevos de oro, al jugador que le tapa los penales”, cerró Benitez.

Luego del último gran apagón del pasado 1 de marzo, desde SIATRASAG ya habían señalado que, con anterioridad al suceso mencionado, y por medio de nota formal, se le pidió al ex Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y al actual en el cargo, Santiago Yanotti, que el costo de operación y mantenimiento del cuadrilátero de Salto Grande también sea incluido en lo que se recibe la represa por el valor del Megavatio. A las luces de la deuda ahora conocida, que Nación no estaría pagando lo poco y barato que venía pagando, es toda una quimera que este último reclamo pueda ser atendido.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-826-2022-376602/texto

En el Anexo IV de esta resolución se describe cuánto percibe Salto Grande por Megavatio. Curiosamente 2,5 veces menos que Yacyretá, la otra represa binacional de la Argentina.

La resolución 1392/2010 que determina el Fondo de Reserva al que Salto Grande debe recurrir ahora para cubrir gastos corrientes. En tanto, el artículo 37 de la ley 24065 determina lo que puede reclamar Salto Grande para funcionar.

Fuente: Diario Junio

Radio News Media: Los Charrúas https://diarionewsmedia.com/

Resolución SE Nº 1392 año 2010 (1)

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El lino entrerriano inicia el ciclo 2026/27 con el 92% de su área en condición buena a muy buena

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El Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos relevó un arranque sólido para el cultivo del lino en la provincia, con nueve de cada diez hectáreas en óptimas condiciones para la campaña 2026/27.

Estado fenológico y perspectivas

  • Condición general: El 92% del área implantada se encuentra catalogada en condición buena a muy buena, marcando una señal alentadora para los productores y el sector agroexportador provincial.

  • Fases del cultivo: El panorama difiere según la fecha de siembra; los lotes implantados a mediados de mayo ya comenzaron la etapa de floración, mientras que aquellos sembrados en julio transcurren la fase de desarrollo de ramificaciones.

Factores climáticos y desafíos logísticos

  • Impacto del clima: Las recientes jornadas con precipitaciones y días nublados generaron inconvenientes al dificultar el ingreso a los lotes para efectuar el control de malezas, una tarea crítica en esta instancia.

  • Riesgos: La humedad excesiva complica la logística de campo y podría propiciar inconvenientes fitosanitarios de no mediar una intervención a tiempo.

A pesar de las complicaciones meteorológicas, el balance general de la actividad consolida al lino dentro de la matriz productiva entrerriana con muy buenas perspectivas para la temporada.

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Entre Ríos y Buenos Aires bajo emergencia fitosanitaria por el Picudo rojo de las palmeras

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) extendió el área bajo Emergencia Fitosanitaria a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires debido a la presencia del Picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus), estableciendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2028.

Detalles de la medida y la plaga

  • Marco legal: La medida se formalizó mediante la Disposición DNPV N° 2/2026, la cual modifica la Resolución N° 133/2026 del organismo y otorga un margen temporal sostenido para las labores de prevención, vigilancia y control en terreno.

  • Motivo de la ampliación: La decisión responde al hallazgo reciente de la plaga en el territorio continental de Entre Ríos, sumado a las acciones de contingencia que ya se ejecutan en la Isla Martín García (Buenos Aires).

  • Impacto en las especies: El insecto ataca a diversas especies de palmeras provocando su deterioro progresivo y muerte; opera desde el interior de la planta, por lo que sus síntomas suelen notarse cuando ya es demasiado tarde para salvar al ejemplar, haciendo de la detección temprana un factor clave.

  • Acciones de control: La normativa habilita recursos, personal y acciones coordinadas entre organismos nacionales, provinciales y municipales para fortalecer el monitoreo.

Recomendaciones y canales de denuncia

El SENASA reitera una advertencia central para evitar la dispersión de la plaga: no trasladar insectos sospechosos, palmeras ni partes de plantas desde las zonas afectadas hacia otras regiones.

Ante cualquier ejemplar sospechoso o síntoma compatible, el organismo solicita dar aviso inmediato a través de las siguientes vías:

  • Oficinas locales del SENASA.

  • Correo electrónico: dief@senasa.gob.ar.

  • Formulario de denuncia disponible en el sistema SINAVIMO.

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Rogelio Frigerio bajo presión: comedores, deuda y el conflicto por la arena silícea en Entre Ríos

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El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política de su gestión al tener que hacer frente de manera simultánea a tres frentes críticos: la controversia por la provisión de alimentos en los comedores escolares, el nivel de endeudamiento provincial y la extracción de arena silícea destinada a Vaca Muerta.

Los tres frentes de conflicto

  • Comedores escolares: El oficialismo intentó implementar un esquema para reemplazar a los proveedores locales por raciones secas de una empresa externa (Teknofood), lo que generó un fuerte rechazo generalizado y profundas contradicciones oficiales en los montos ventilados —desde los 22 millones mencionados por Frigerio y los 42 millones de la ministra Berisso, hasta los 101 millones denunciados en la Justicia por el abogado Rubén Pagliotto—, obligando al gobierno a recalibrar el rumbo.

  • Deuda pública y tierras fiscales: Opositores y analistas advierten que la deuda provincial ascendería al orden del billón de pesos, un pasivo heredado que los críticos señalan como profundizado por la actual administración. A esto se suma la creación de un ente autárquico con facultades para administrar y enajenar patrimonio y tierras fiscales en los humedales del sur, generando inquietud en diversos sectores.

  • Extracción de arena silícea: Informes de empresas extractoras apuntan a un movimiento de unos ocho millones de toneladas anuales destinadas al fracking. El cuestionamiento central radica en que Entre Ríos opera como la única provincia minera del país que no percibe regalías por esta actividad, privándose de un impacto recaudatorio millonario frente al ahorro que obtienen las petroleras.

Desgaste político y fallas en la comunicación

La lectura crítica generalizada apunta a que estas decisiones derivan recursos del circuito económico local hacia actores ajenos a la provincia. En medio de este escenario, las declaraciones públicas de Frigerio calificando a la obra social provincial OSER como “una de las mejores del mundo” fueron interpretadas por la ciudadanía como un síntoma de desconexión oficial, evidenciando dificultades en la estrategia comunicativa del gobierno frente a un malestar social que continúa en aumento.

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