Sociedad
Bancos acusan a MercadoPago de ser un monopolio, y Fintech se defiende
Crece la pelea entre los bancos y Mercado Pago: «no somos un monopolio», disparó la fintech
Los bancos la acusaron y Mercado Pago soltó que las entidades representan «intereses concentrados que poco reparan en la necesidad de seguir incluyendo financieramente a más argentinos».
La tensión entre bancos y fintech volvió a tomar volumen, esta vez por la cantidad de operaciones que se pueden hacer a través del QR interoperable que impulsó el Gobierno. Luego de que las entidades tradicionales instaran al Banco Central a «abrir» la interoperabilidad de los pagos también se extienda a los que se hacen con tarjetas de crédito, Mercado Pago salió a contestarles: «no somos un monopolio».
El viernes pasado, se conoció una carta firmada por los bancos nucleados en Adeba, en la que le reclamaba que modifique la normativa que regula a los pagos a través de códigos QR, para que sean “full interoperables con las tarjetas de crédito y débito”, lo que permitiría pagar con cualquier medio de pago a través de un código QR y no sólo con el dinero en cuenta.
Sin comentarios oficiales al respecto, la fintech de Mercado Libre salió al cruce con un nuevo comunicado. «Contrario a lo que los bancos de ADEBA sostienen, el QR de Mercado Pago, lejos de ser un monopolio o un actor dominante, es un medio de cobro que compite en un mercado mayormente controlado por los bancos y jugadores tradicionales», indicaron en la compañía.
Al mismo tiempo, aseguraron que «sólo el 7% de los cobros presenciales con medios digitales ocurren en QRs de Mercado Pago. Más del 90% de los cobros electrónicos en comercios se hacen en terminales de cobro tradicionales, con los cuales el QR compite».
Mercado Pago, que fue el precursor del uso del código QR como forma de pago en Argentina, aseguró que para esto invirtió más de US$ 30 millones en 2018 y que tres años después, el Central fue quien hizo obligatorio que los QRs aceptaran pagos con transferencia de cualquier billetera (interoperabilidad) y la empresa cumple plenamente dicha normativa,
«Los bancos no hicieron una inversión ni remotamente parecida, y tampoco desplegaron QR en comercios», arremetieron y contraatacaron: «Mercado Pago es interoperable: más de 500 mil comercios que operan con nuestro QR ya recibieron pagos de otra billetera o banco. Mientras tanto algunos bancos han puesto trabas a otros servicios, limitando a los usuarios las transferencias de CBU a CVU.
La fintech recordó un viejo incidente en el historial de los bancos: cuando, en 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia acusó a las entidades que eran dueñas de Prisma Medios de Pagos de prácticas anticompetitivas y las obligó a desprenderse de la compañía. «Tres años después, algunos bancos lanzaron MODO que no es más que una iniciativa en donde se coordinan en lugar de competir».
El documento firmado por los bancos nucleados Adeba, entre los que se encuentran Macro, Galicia, Comafi, Hipotecario, Supervielle, Bancor, por citar algunos, aseguraba que actualmente cualquier consumidor tiene la posibilidad de pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito en un comercio “sin preocuparse quien le proveyó al comercio el “aparatito” (el POS) que lee la tarjeta”, lo que se denomina “interoperabilidad full”.
Pero que cuando los pagos se inician a través de un código QR, “sólo podrá pagar con tarjetas de crédito o débito en la medida que sea cliente de la billetera o institución que provee el QR”. Mercado Pago respondió que el 85% de sus clientes son «comercios de barrio y emprendedores con ventas de menos de $100.000 por mes. Este segmento fue desatendido e ignorado por los bancos durante décadas»
«Mercado Pago desarrolló una cuenta digital gratuita a través de la cual más de 7 millones de personas en Argentina invierten sus saldos en un fondo común de inversión administrado por BIND y generan rendimientos (actualmente en 63,8% anual), con la posibilidad de usar la plata en cualquier momento. Los bancos no remuneran los saldos y cobran comisión por mantenimiento de cuenta», destacó la carta.
«Para nosotros lo extraño es que sigan primando intereses concentrados que poco reparan en la necesidad de seguir incluyendo financieramente a más argentinos», remató el comunicado.
Clarin
Radio News Media: Los Charrúas https://diarionewsmedia.com/
El Gobierno nacional volverá a habilitar el ingreso de periodistas a la Casa Rosada a partir de este lunes, luego de una semana de cierre dispuesto por motivos de seguridad. La reapertura será parcial y con acceso limitado a determinados sectores del edificio.
Según se informó oficialmente, los periodistas acreditados podrán retomar su actividad en la sala de prensa, aunque con restricciones en la circulación dentro de la sede gubernamental, donde algunos espacios continuarán acotados.
En este marco, el vocero presidencial Manuel Adorni brindará una conferencia de prensa prevista para las 11 de la mañana. Hasta el momento, no se confirmó si habrá instancia de preguntas por parte de los periodistas ni la modalidad en caso de habilitarse.
La medida se da tras varios días de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo, en un contexto marcado por restricciones de acceso, cuestionamientos públicos y cruces que generaron preocupación en el ámbito de la comunicación.
Con esta reapertura, el Ejecutivo busca retomar la dinámica habitual de contacto con la prensa, aunque bajo un esquema que, por ahora, mantiene ciertas limitaciones.
Sociedad
Discapacidad en Argentina: entre derechos reconocidos y un sistema que genera incertidumbre
Crecen las denuncias de familias y especialistas ante un proyecto que endurece el acceso a pensiones y modifica el sistema de prestaciones. Advierten sobre un posible retroceso en derechos.
La situación que atraviesan miles de familias de personas con discapacidad en Argentina suma preocupación y tensión frente a los cambios impulsados en el sistema de pensiones y prestaciones. En distintos puntos del país, se repiten testimonios de padres y madres que describen un escenario marcado por demoras, incertidumbre y una creciente dificultad para sostener tratamientos esenciales.
“Crueldad” es el término que se repite en muchos de esos relatos. El desgaste emocional y la sensación de desamparo aparecen como constantes en quienes dependen de políticas públicas para garantizar calidad de vida y continuidad en los cuidados.
En paralelo, la nueva iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación, presentada bajo el argumento de combatir irregularidades en las pensiones por invalidez, encendió fuertes cuestionamientos. El proyecto, que ya ingresó en el Senado, propone modificaciones estructurales tanto en el acceso a beneficios como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
Uno de los cambios centrales radica en el criterio de acceso a las pensiones. Si bien se mantiene el monto —equivalente al 70% de la jubilación mínima—, se deja de lado el enfoque de protección social basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En su lugar, se plantea un esquema vinculado exclusivamente a la incapacidad laboral, lo que, según advierten distintos sectores, reduciría significativamente la cantidad de beneficiarios y excluiría a quienes hoy combinan discapacidad con empleo parcial.
Además, la iniciativa establece la incompatibilidad total entre la pensión y cualquier trabajo registrado, a diferencia del régimen vigente que permitía cierta inserción laboral con límites de ingresos. Esta medida podría impactar directamente en los procesos de inclusión y autonomía.
Otro punto sensible es la modificación del sistema de prestaciones. El proyecto elimina el nomenclador nacional que fijaba valores unificados para servicios como terapias, transporte o centros de día. De avanzar, los costos quedarían sujetos a negociaciones entre financiadores y prestadores, generando posibles desigualdades según la cobertura.
También se contempla un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios en un plazo mínimo de 90 días. La falta de actualización de datos podría derivar en la suspensión automática de la prestación, lo que genera preocupación por eventuales exclusiones administrativas.
El rol del Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público que acredita legalmente la condición de discapacidad en todo el territorio nacional. Regulado por la Ley 25.504 y sus modificaciones, permite acceder a derechos y beneficios contemplados en normativas nacionales, provinciales y municipales.
Entre ellos se incluyen cobertura integral de tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, transporte, acceso a educación, beneficios impositivos y herramientas de inclusión laboral. Su validez no está ligada a la incapacidad laboral, sino a una evaluación integral que contempla factores sociales, educativos y sanitarios.
Especialistas remarcan que discapacidad e incapacidad no son conceptos equivalentes. Mientras la incapacidad laboral refiere a la imposibilidad de trabajar y es determinada por peritajes específicos, el CUD reconoce una condición que puede coexistir con distintos niveles de autonomía.
En medio del debate, organizaciones y referentes del sector advierten que las modificaciones propuestas podrían implicar un cambio de paradigma, alejándose del enfoque de derechos para avanzar hacia un modelo más restrictivo. La discusión, sostienen, trasciende lo técnico y pone en juego el tipo de respuesta que el Estado brinda a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Omar Acosta
Activista y Promotor de Derechos de las Personas con Discapacidad
Presidente de la Agrupación Discapacidad y Adultos Mayores Entre Ríos
Mentor de Neuroconvivencias Métodos (pedagogías alternativas)
Neuropsicólogo Clínico – M.N. 1725
Sociedad
Reforma laboral: la Cámara del Trabajo habilitó su aplicación y el Gobierno celebró el fallo
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la reforma laboral. De esta manera, más de 80 artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral vuelven a regir de forma provisoria, a la espera de una definición de fondo.
El presidente Javier Milei celebró la decisión a través de sus redes sociales. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país”, expresó, tras conocerse la resolución de la Sala VIII del tribunal laboral.
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó el fallo y aseguró que “rige la ley de modernización laboral”, en referencia a la restitución de los artículos cuestionados.
La resolución judicial implica que la medida cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda queda suspendida hasta que la Cámara se pronuncie sobre la cuestión de fondo. En su fallo, los camaristas consideraron que no corresponde frenar la vigencia de una norma sancionada por el Congreso Nacional mediante una medida provisoria.
Cabe recordar que la cautelar había sido dictada el pasado 30 de marzo, tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reforma.
Frente a esa decisión inicial, el Ejecutivo —a través de la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano— impulsó tanto un recurso extraordinario (per saltum) ante la Corte Suprema como la apelación que finalmente fue concedida.
De este modo, el escenario judicial en torno a la reforma laboral continúa abierto, mientras se espera una resolución definitiva sobre su validez constitucional.
