Tras los dichos del Presidente en la Fundación Faro, donde afirmó que los periodistas “se tienen que quemar en la hoguera” por la cobertura del caso $LIBRA, organismos internacionales y entidades periodísticas alertaron sobre una “grave e inadmisible escalada de hostilidad”. Advierten por el récord histórico de agresiones y la autocensura.
La relación entre el Gobierno nacional y el periodismo sumó un capítulo de máxima tensión institucional. Amnistía Internacional y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) confirmaron que elevarán denuncias formales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente Javier Milei, acusándolo de ejercer “violencia extrema” y propiciar un acelerado deterioro de la libertad de expresión en la Argentina.
La decisión de los organismos se desencadenó tras los discursos proferidos por el Jefe de Estado durante la cena anual de la Fundación Faro en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero. Allí, al referirse a los profesionales que cubrieron la causa judicial por la presunta estafa cripto conocida como $LIBRA, Milei los calificó de “ensobrados, corruptos y mercenarios de la mentira”, agregando que “a los buenos les tiene que ir bien, y los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.
Frente a estas declaraciones, la presentación ante la ONU solicitará la intervención del relator especial sobre libertad de expresión, el mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez, para que remita comunicaciones oficiales de advertencia al Estado argentino.
El Presidente, señalado como el principal agresor individual
De acuerdo con el último reporte del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, durante el año pasado se contabilizaron 278 ataques contra periodistas, lo que representó un incremento del 55% respecto al año previo y el registro más alto desde la creación del observatorio en 2008.
El informe reveló además un dato alarmante: Javier Milei fue identificado como el autor directo de 119 de esos episodios, convirtiéndolo en el principal agresor individual reportado. La nómina incluyó 139 discursos estigmatizantes, 20 acciones judiciales contra trabajadores de prensa y 28 restricciones al acceso a la información pública.
Desde FOPEA rechazaron que la reciente resolución judicial que sobreseyó a Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el caso $LIBRA invalide el trabajo de la prensa: “Informar sobre esa investigación judicial de evidente interés público fue un ejercicio legítimo del periodismo, no una operación. Un sobreseimiento no convierte en falsa la cobertura” de los hechos.
Alertas por autocensura y retroceso internacional
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, enfatizó que la responsabilidad presidencial es velar por las garantías democráticas: “Estos ataques provienen de la máxima autoridad del país, que tiene un deber reforzado de garantizar la libertad de expresión y tolerar el escrutinio público. La reiteración de estas prácticas genera un efecto de silenciamiento, favorece la autocensura y empobrece la información disponible”.
A la batería de reclamos se sumó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), alertando que se cruzó “un límite gravísimo al instigar a quemar en la hoguera a los trabajadores”, recordando la represión contra el fotógrafo Pablo Grillo y exigiendo un repudio transversal de todo el arco político.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre la abrupta caída de Argentina en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, habiendo descendido del puesto 40° al 98° a escala global. Las denuncias formales terminarán de redactarse esta semana para su radicación definitiva ante los tribunales y relatores internacionales.
