Salud oficializó un nuevo esquema que prioriza exclusivamente el tratamiento de patologías vasculares y delega el resto de las enfermedades a los gobiernos provinciales. Desde el Ministerio defienden la medida para optimizar recursos, mientras que sanitaristas y referentes de la oposición advierten por la pérdida de tratamientos clave e inequidad territorial.
El acceso a los medicamentos gratuitos en el primer nivel de atención volvió a ubicarse en el centro de un intenso debate sanitario. A través de la Resolución 1447/2026, el Ministerio de Salud de la Nación reformuló la canasta básica del histórico Plan Remediar para focalizar la provisión nacional de insumos en la prevención y tratamiento de enfermedades vasculares, transfiriendo a las provincias la responsabilidad de cubrir el resto de las afecciones clínicas.
Según la comunicación oficial difundida el pasado 20 de octubre, la medida deroga la nómina de medicamentos esenciales aprobada en 2021. Desde la cartera sanitaria argumentaron que la decisión responde a que las patologías cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en el país, por lo que concentrar el presupuesto en hipertensión y colesterol permitirá prevenir eventos graves.
Como mecanismo de empalme, Nación enviará botiquines de transición a los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de todo el país hasta fin de año, permitiendo que cada jurisdicción organice sus propias licitaciones. Además, desde el Gobierno señalaron fallas en la fiscalización al precisar que “menos del 10% de los centros reportaba el destino final de los botiquines”, remarcando que la reorganización busca “administrar recursos limitados y no implica el cierre del programa”.
Grave advertencia sobre las inequidades provinciales
El diagnóstico sobre el impacto territorial ya había sido anticipado en un informe técnico elaborado en junio por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).
El documento reveló que el volumen de tratamientos dispensados por el Remediar sufrió un marcado desplome a nivel nacional, pasando de 29,8 millones en 2023 a 14,1 millones en 2025. Asimismo, advirtió que las respuestas provinciales para compensar la baja en la provisión eran muy dispares debido a las asimetrías fiscales y de gestión, advirtiendo sobre el riesgo de que el código postal termine condicionando el acceso a la salud.
Duras críticas de especialistas y legisladores
La medida generó un inmediato rechazo entre expertos en salud pública y referentes de la oposición política:
Nicolás Kreplak: El ministro de Salud bonaerense cuestionó la drástica reducción del vademécum nacional. “El Gobierno reemplazó un listado de 128 medicamentos por solo seis. Menos medicamentos garantizados es más incertidumbre para quienes necesitan tratamientos y para los equipos de salud”, sostuvo, calificando el movimiento como un “cierre encubierto”.Pablo Yedlin: El diputado nacional y médico sanitarista advirtió sobre la “muerte del programa Remediar”, señalando que la retirada del Estado nacional deja sin cobertura farmacológica gratuita a niños, adolescentes, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas no cardiovasculares.
En un contexto de estrechez fiscal para las provincias y pérdida de poder adquisitivo en las familias, la redefinición del Remediar abre un escenario de fuerte incertidumbre en los centros de salud municipales y provinciales ante el inminente traspaso del costo de los medicamentos.
