La actualización se aplicará de forma uniforme a todas las categorías del nomenclador básico. Sectores de prestadores advierten que la medida resulta insuficiente frente a los costos operativos e insumos.
El Gobierno nacional hizo oficial una nueva actualización arancelaria para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. A través de la resolución conjunta de los organismos competentes y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se fijó un incremento del 1,9% aplicable a todo el nomenclador prestacional.
La medida toma como parámetro la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del periodo previo y busca readecuar los valores que perciben los profesionales, instituciones y servicios del sector en todo el territorio nacional.
Alcance y sectores comprendidos
El reajuste del 1,9% se aplicará de manera lineal sobre la totalidad de las modalidades del sistema de atención. Entre los rubros que verán ajustados sus valores se encuentran:
Centros Terapéuticos y Educativos: Centros de día, centros educativos terapéuticos y espacios de formación laboral.
Educación e Inclusión: Servicios de escolaridad, apoyo a la integración escolar y formación en instituciones educativas.
Salud y Rehabilitación: Honorarios de profesionales independientes (psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, entre otros) y servicios médicos asistenciales.
Transporte Especializado: Traslados para personas con discapacidad hacia centros de atención, escuelas o terapias.
Asimismo, la normativa ratifica la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para aquellas prestaciones brindadas en las provincias que integran la región patagónica, con el objetivo de mitigar las diferencias en el costo de vida y logística en el sur del país.
Impacto e inquietud en el sector prestacional
A pesar de la actualización oficializada, la noticia fue recibida con preocupación e inquietud por parte de las entidades que agrupan a prestadores, profesionales e instituciones del ámbito de la discapacidad.
Según señalan distintos referentes del sector, el incremento del 1,9% resulta escaso ante el acumulado de aumentos en insumos médicos, mantenimiento edilicio, combustible en el caso de los transportistas y la inflación generalizada. Advierten que la brecha entre los aranceles vigentes y los costos reales de funcionamiento continúa profundizando una crisis estructural que pone en riesgo la continuidad de muchos servicios.
Familiares y agrupaciones de personas con discapacidad han manifestado de forma reiterada que la demora o insuficiencia en la actualización de los honorarios impacta directamente en el acceso a las terapias, ya que muchos profesionales se ven obligados a interrumpir la atención o abandonar los convenios con las obras sociales y prepagadas debido a los extensos plazos de pago.
