El Gobierno de Entre Ríos confirmó que se registraron 180 denuncias por amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, un dato que encendió las alarmas en la comunidad educativa y derivó en la activación de protocolos de सुरक्षा y prevención en toda la provincia.
El tema fue abordado en una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno, en Paraná, donde se evaluaron acciones conjuntas para dar respuesta a este tipo de situaciones.
“No se puede minimizar”
El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, confirmó la magnitud de los casos y pidió abordar el tema con seriedad: “Son 180 denuncias en toda la provincia, no es algo menor. No se puede tomar como una broma ni minimizar”.
Según explicó, cada amenaza activó de inmediato los protocolos correspondientes para resguardar a estudiantes, docentes y personal educativo.
Trabajo articulado entre organismos
Las autoridades destacaron que el abordaje se realiza de manera coordinada entre distintas áreas del Estado. Intervienen el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia y la Justicia, incluyendo el fuero de menores.
“Es un trabajo interdisciplinario e interministerial, porque muchas veces estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar pero impactan directamente en las instituciones”, señaló Cuenca.
Respuesta y prevención
Desde el Gobierno provincial remarcaron que la respuesta fue inmediata en cada caso, con un seguimiento permanente y canales de comunicación directos entre las instituciones involucradas.
El funcionario también destacó el compromiso de toda la comunidad educativa: docentes, directivos, familias y organismos de seguridad y justicia, que participan en la implementación de las medidas preventivas.
Otros temas en agenda
Durante la reunión de gabinete, además, se analizaron otros ejes de gestión, como la reglamentación de concursos, el ordenamiento del ingreso al Estado y el monitoreo de la infraestructura escolar en la provincia.
El número de denuncias refleja una problemática creciente que preocupa a las autoridades y refuerza la necesidad de sostener políticas de prevención, concientización y actuación rápida ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a la comunidad educativa.
