Región
8 AÑOS DE CARCEL PARA EL EX GOBERNADOR SERGIO URRIBARRI
La Cámara de Casación Penal rechazó todos los planteos realizados por los abogados defensores en el marco del megajuicio que condenó al exgobernador Sergio Urribarri a 8 años de prisión por delitos de corrupción cometidos en la contratación de públicidad oficial durante su gestión. En consecuencia, las penas contra el exgobernador, su exministro Pedro Báez, su cuñado Juan Pablo Aguilera y las del resto de los imputados quedaron confirmadas por la Cámara compuesta por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo. Las defensas tendrán que recurrir a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) con el objetivo de revertir la situación de los condenados.
Davite, quien presidió la Casación, enumeró uno por uno los rechazos y describió la prueba fundamental por la que el Tribunal de Juicios condenó al exgobernador, algunos de sus funcionarios y familiares y allegados que se beneficiaron por el desvío de dinero público. “En la sentencia dictada por el Tribunal está correctamente probado que los hechos existieron y que los imputados fueron sus autores y partícipes”, aseguró la magistrada.
Las camaristas indicaron además que los delitos se han constatado “con una cantidad de pruebas pocas veces vista en este tipo de hechos”. “Es tan abundante la prueba que es imposible abordarla en esta reseña”, agregó Davite.
“Ha quedado demostrado que Urribarri y (Pedro) Báez durante su ejercicio de sus cargos, direccionaron contrataciones con los particulares (Juan Pablo) Aguilera, (Germán) Buffa, (Jorge) Rodriguez y (Gerardo) Caruso. Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales. Disponiendo así de los fondos para beneficios propios y de terceros. Respecto a los otros imputados (Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi. Corina Cargnel y Gustavo Tamay) se constató el grado de participación en los delitos y que de distintas maneras colaboraron con las maniobras necesarias para llevarlos a cabo”, aseveró Davite.
Las magistradas rechazaron también los planteos de nulidad que buscaban derribar las pruebas fundamentales de la condena: “Se ha demostrado que todos esos planteos, cuya finalidad es la exclusión de pruebas que buscan revertir las condenas, han sido aceptadas por el Tribunal de Juicio que consideró como prueba legal, obtenida sin violentar garantías y mientras pudieron ejercer el derecho a la defensa”, acotó la magistrada. “El tribunal comprobó que toda la prueba había ingresado al proceso de manera legal y con control de todas las partes”, agregó Davite. Los abogados de Urribarri, Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera y compañía pretendían derribar la prueba planteando el principio de incongruencia. Lo hicieron tanto ante el Tribunal de Juicio como así también ante Casación.
Pero Casación también les rechazó el planteo de presunta afectación del principio del juez natural por la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) en los allanamientos a las empresas de Aguilera: “Quien dictó la órden de allanamiento fue el juez de Garantías Eduardo Ruhl y cuando un juez natural controla un allamiento las garantías están intactas. No cabe lugar a escuchar sospechas por la pertenencia de tal o cual fuerza que ejecute su obra. Juez y policía no son conceptos equivalentes”, aseguró Davite. Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la intervención de la PFA -avalada por el juez- porque Mauro Urribarri estaba al frente del Ministerio de Gobierno de la provincia y tenía a su cargo a la Policía de Entre Ríos (PER).
Las defensas tampoco pudieron demostrar que se perdió la cadena de custodia de la prueba fundamental de la causa, el disco rígido que pretendieron descartar por los techos de las empresas de calle Racedo y que una vecina puso a disposición de la investigación. “Todos los actos quedaron registrados y no existió ninguna irregularidad”, dijo la magistrada.
Casación tampoco dio lugar al planteo que buscaba derribar los informes de las compañías telefónicas ni los análisis realizados por el gabinete de informática forense del MPF: “Esta Cámara observó que reiteraron los mismos planteos sin tener en cuenta la contundente respuesta del Tribunal de Juicio respecto a estos informes. Hay una ausencia absoluta de irregularidades”.
Causa por causa, Davite relató parte de la prueba que se generó en el juicio para valorar de manera positiva la sentencia condenatoria del Tribunal compuesto por Jorge Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno.
El único planteo de los abogados defensores que Casación tuvo en cuenta fue el realizado por Ignacio Díaz, defensor de Pedro Báez. Tiene que ver con el pedido de que se levante el embargo que afecta también a la cónyuge del exministro de Cultura y Comunicación. Así, Casación resolvió levantar el 50% del embargo que estaba vigente.
Las condenas confirmadas
En abril del 2022 y tras varios meses de megajuicio, el Tribunal de Juicio condenó a 8 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos al exgobernador Sergio Urribarri por los delitos de corrupción. Al exministro Pedro Báez los jueces le dieron 6 años y medio de prisión. El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, fue condenado a 6 años y medio de prisión. Tanto Báez como Aguilera también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Además el Tribunal consideró la culpabilidad del diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi como partícipe secundario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Lo condenó a 2 años de ejecución condicional. A Germán Buffa lo declararon partícipe necesario de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se lo condenó a 1 año y 2 meses de ejecución condicional. A Gerardo Caruso lo condenaron como partícipe necesario de negociaciones incompatibles y peculado y lo condenaron a 3 años de ejecución condicional más inhabilitación absoluta perpetua.
A Corina Cargnel, el tribunal la condenó como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con ejercicio de función pública y peculado por la causa imprentas y en la causa parador. Le dieron 3 años de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. A Gustavo Tamay lo encontraron responsable como partícipe necesario de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y lo condenaron a 3 años de prisión de ejecución condicional más inhabilitación absoluta perpetua. Declararon a Luciana Almada partícipe necesaria de negociaciones incompatibles y peculado y la condenaron a 2 años y medio de ejecución condicional.
Radio News Media – Los Charrúas https://diarionewsmedia.com/
Local
Concordia concentra la mitad de las causas por narcomenudeo en Entre Ríos y lidera las estadísticas judiciales en 2025
Con 261 expedientes iniciados durante 2025, Concordia volvió a posicionarse como el principal foco de causas por narcomenudeo en Entre Ríos, concentrando poco más del 50% de las investigaciones judicializadas en toda la provincia. Así lo revela un informe elaborado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, que contabilizó un total de 520 causas iniciadas en los tribunales entrerrianos.
Las cifras reflejan la magnitud que alcanzó el fenómeno en la región y exponen una realidad que preocupa a magistrados y operadores judiciales: el narcomenudeo ya no responde a un perfil social determinado y se extiende a distintos sectores de la sociedad.
Un fenómeno cada vez más extendido
En diálogo con el programa Cuestión de Fondo, los jueces de Garantías de Paraná, Pablo Zoff y Mariano Budasoff, analizaron el impacto de la Ley de Narcomenudeo a casi ocho años de su implementación en Entre Ríos.
Zoff explicó que la provincia asumió la competencia para investigar la comercialización minorista de drogas, conocida comúnmente como la actividad de los “kioscos” de venta de estupefacientes. En ese marco, las fiscalías realizan tareas de vigilancia, reúnen pruebas, solicitan allanamientos y promueven medidas cautelares para avanzar en las investigaciones.
Según indicó el magistrado, una importante cantidad de expedientes concluye mediante juicios abreviados debido a la solidez de las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa.
Cambió el perfil de los imputados
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los jueces es la transformación en las características de las personas involucradas en este tipo de delitos.
“Antes predominaban personas jóvenes y de sectores vulnerables. Hoy observamos una realidad mucho más diversa”, señaló Budasoff, quien remarcó que actualmente aparecen imputados de distintas edades, incluyendo adultos mayores, así como integrantes de sectores medios.
El magistrado sostuvo que el narcomenudeo parece haberse convertido para algunos en una alternativa de subsistencia económica, independientemente de su condición social.
Falta de conciencia sobre las consecuencias penales
Los jueces también coincidieron en que muchas personas que terminan procesadas por comercialización de drogas no dimensionan la gravedad de los delitos que cometen.
“Pareciera que no habían tomado conciencia de las consecuencias legales de sus actos”, afirmó Zoff, al recordar que estos delitos contemplan penas de cumplimiento efectivo y no permiten, en la mayoría de los casos, acceder a condenas condicionales.
Budasoff agregó que existe un importante desconocimiento respecto al funcionamiento del sistema judicial y aclaró que muchas veces la sociedad interpreta erróneamente medidas como la prisión domiciliaria, creyendo que los acusados recuperan la libertad cuando en realidad continúan sometidos al proceso penal.
Más condenas y presión sobre las cárceles
El crecimiento sostenido de las causas por narcomenudeo también genera un fuerte impacto en el sistema penitenciario provincial.
Según explicó Budasoff, las condenas por estos delitos suelen ser relativamente cortas, pero el ingreso constante de nuevos detenidos provoca una presión permanente sobre las unidades penales.
“El flujo entre ingresos y egresos no logra equilibrarse, generando una ocupación sostenida en las cárceles”, advirtió.
Concordia, ampliamente al frente
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la jurisdicción Concordia-San Salvador encabezó el ranking provincial con 261 causas iniciadas durante 2025. Muy por detrás se ubicaron Gualeguaychú e Islas con 85 expedientes y Paraná con 30.
Además, Concordia también lideró las resoluciones en los Tribunales de Juicio, donde se tramitaron 50 de las 119 causas resueltas en toda la provincia.
Entre los delitos más frecuentes aparece la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que acumuló 217 expedientes, seguida por la tenencia simple con 111 causas y el comercio de estupefacientes con 88.
En cuanto a las condenas dictadas, casi la mitad correspondió a tenencia con fines de comercialización, consolidando a esta figura como la más recurrente dentro de los procesos judiciales vinculados al narcomenudeo.
Los datos oficiales y el análisis de los magistrados coinciden en una conclusión: el narcomenudeo continúa expandiéndose en Entre Ríos, adopta perfiles cada vez más diversos y mantiene a Concordia como el principal epicentro de esta problemática dentro del sistema judicial provincial.
Local
Enrique Cresto reaparece en la escena política y deja definiciones clave sobre Concordia, el PJ y su futuro electoral
El exintendente confirmó su intención de competir por la Gobernación en 2027, analizó la situación económica de Concordia, cuestionó al gobierno provincial y habló sobre la reconstrucción del peronismo entrerriano.
Luego de un prolongado período alejado de la primera línea política, el diputado provincial y exintendente de Concordia, Enrique Tomás Cresto, volvió a ocupar el centro del debate público con una serie de definiciones que marcan el inicio de una nueva etapa dentro del escenario político entrerriano.
En una extensa entrevista televisiva, Cresto abordó temas vinculados a la actualidad económica y social de Concordia, la situación interna del Partido Justicialista, las causas judiciales que involucran a dirigentes peronistas y las perspectivas electorales de cara a 2027. Además, dejó en claro cuál es su principal objetivo político para los próximos años: llegar a la Gobernación de Entre Ríos.
Su salud y el regreso a la actividad pública
El dirigente explicó que gran parte de su bajo perfil durante 2024 y 2025 estuvo relacionado con una cuestión de salud. Reveló que fue diagnosticado con enfermedad de Crohn, una patología autoinmune que logró estabilizar mediante tratamiento médico.
Según relató, actualmente lleva una vida activa y retomó sus rutinas deportivas habituales, realizando diariamente actividades como ciclismo y natación, situación que le permitió regresar plenamente a la actividad política.
La situación de Concordia y la crisis económica
Al analizar la realidad de la capital del citrus, Cresto sostuvo que la ciudad atraviesa un contexto complejo producto del actual modelo económico nacional, especialmente por el impacto que genera en las pequeñas y medianas empresas.
Sin embargo, destacó el potencial productivo y económico de Concordia, a la que definió como uno de los principales motores de la región mesopotámica. En ese sentido, remarcó que continúa siendo un polo de atracción laboral para habitantes del norte entrerriano y del sur correntino que buscan oportunidades de empleo.
El exintendente aseguró que la ciudad mantiene una importante capacidad de movilidad social gracias a sectores productivos como la citricultura, la actividad forestal, los arándanos, la nuez pecán y diversas industrias vinculadas al desarrollo regional.
“Concordia sigue siendo una ciudad peronista”
Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue su afirmación respecto de la identidad política de la ciudad.
Cresto sostuvo que, pese a la derrota electoral de 2023, el peronismo mantiene una fuerte presencia territorial y una estrecha vinculación con sectores sociales que históricamente acompañaron sus gestiones.
Atribuyó parte del resultado electoral a errores estratégicos durante la campaña provincial y consideró que la falta de presencia constante de algunos candidatos en Concordia terminó afectando el desempeño del justicialismo en las urnas.
La reconstrucción del Partido Justicialista
Respecto del presente del PJ entrerriano, el legislador afirmó que el espacio atraviesa una etapa de reorganización y reflexión, con el objetivo de reconstruir vínculos con la sociedad y elaborar una propuesta renovada para los próximos desafíos electorales.
En ese marco, mencionó a diversos dirigentes que podrían desempeñar roles importantes en el armado opositor hacia 2027 y aseguró que existen conversaciones permanentes entre distintos sectores del peronismo para construir una alternativa competitiva.
Críticas al gobierno de Rogelio Frigerio
Durante la entrevista también formuló cuestionamientos hacia la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.
Si bien reconoció haber mantenido una buena relación institucional con el actual mandatario durante su paso por el Ministerio del Interior de la Nación, consideró que desde su llegada al Ejecutivo provincial no se produjeron las transformaciones estructurales que habían sido prometidas durante la campaña.
Asimismo, cuestionó la forma en que se impulsó la reforma previsional y advirtió sobre la falta de diálogo político entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición.
Las causas judiciales y la defensa del peronismo
Consultado sobre las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes justicialistas, Cresto sostuvo que existe una mirada desigual por parte de algunos sectores sobre los distintos casos que se tramitan en la Justicia.
Si bien evitó realizar defensas jurídicas específicas, consideró que debe diferenciarse la evaluación de determinadas causas de los resultados de gestión que tuvieron los gobiernos provinciales encabezados por referentes del peronismo.
También se refirió a la denominada “causa de los contratos” de la Legislatura entrerriana, negando irregularidades durante el período en que estuvo al frente del bloque justicialista y asegurando que todas las personas vinculadas a esos contratos cumplían funciones concretas.
La definición que proyecta el escenario electoral de 2027
Sobre el cierre de la entrevista llegó la frase que rápidamente generó repercusiones dentro del ámbito político provincial.
Ante la consulta sobre sus aspiraciones futuras, Enrique Cresto fue directo y no dejó lugar a interpretaciones:
“Sí, quiero ser gobernador de Entre Ríos”.
No obstante, aclaró que en política las aspiraciones personales deben estar acompañadas por las condiciones necesarias para concretarlas y remarcó que el desafío inmediato pasa por reconstruir una propuesta política capaz de volver a conectar con las demandas de la sociedad.
Con estas declaraciones, el exintendente de Concordia volvió a posicionarse en el tablero político entrerriano y dejó abierta una discusión que seguramente marcará buena parte de la agenda partidaria de cara a las elecciones de 2027
Local
Aumentan los peajes en la Ruta 14: cuáles serán las nuevas tarifas en Colonia Elía, Yeruá y Piedritas desde el 13 de junio
La concesionaria Autovía del Mercosur informó que desde las 0 horas del sábado 13 de junio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, ubicadas sobre la Ruta Nacional 14 y el primer tramo del corredor en la provincia de Corrientes.
La actualización contempla un incremento promedio del 16,7% y alcanzará a todas las categorías de vehículos que circulan por el denominado Tramo Oriental de la Autovía del Mercosur.
Según detalló la empresa, los usuarios adheridos al sistema TelePASE continuarán accediendo a valores diferenciados respecto de quienes opten por el pago manual electrónico. En la Categoría 1, correspondiente a automóviles, la tarifa será de $2.232,74 mediante TelePASE, mientras que ascenderá a $4.465,48 para quienes abonen de forma manual.
Para las categorías 2 y 3, el nuevo valor será de $4.465,48 con TelePASE y de $8.930,96 con pago manual electrónico. En tanto, los vehículos de Categoría 4 deberán abonar $6.698,22 en la modalidad automática y $13.396,44 en la modalidad manual.
Por su parte, las categorías 5 y 6 pasarán a pagar $8.930,96 a través de TelePASE y $17.861,92 mediante el sistema de pago manual electrónico.
Desde la concesionaria indicaron que los nuevos importes comenzarán a aplicarse de manera simultánea en las tres estaciones de peaje, en el marco de la actualización tarifaria autorizada para el corredor vial.
Nuevas tarifas
TelePASE
- Categoría 1: $2.232,74
- Categorías 2 y 3: $4.465,48
- Categoría 4: $6.698,22
- Categorías 5 y 6: $8.930,96
Pago manual electrónico
- Categoría 1: $4.465,48
- Categorías 2 y 3: $8.930,96
- Categoría 4: $13.396,44
- Categorías 5 y 6: $17.861,92
La medida impactará en miles de usuarios que diariamente transitan por la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de conexión del litoral argentino para el transporte de pasajeros, el turismo y la actividad logística.
